El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso el traslado temporal de la sede del Ejecutivo de Quito a Latacunga (Cotopaxi). De acuerdo con la Presidencia, la decisión responde al objetivo de que las autoridades se ubiquen en regiones donde la situación social exige presencia estatal y diálogo directo, especialmente ante las recientes protestas por la eliminación del subsidio al diésel.
El decreto presidencial establece además que la vicepresidenta María José Pinto desempeñe sus funciones en Otavalo (Imbabura). El gobierno subraya que esta desconcentración administrativa no afecta el estatus de Quito como capital, ni altera la estructura del Estado. La función Ejecutiva puede operar desde distintos puntos del país siempre que se priorice el contacto con la ciudadanía.
El texto del decreto destaca que las facultades de desconcentración y organización de la función Ejecutiva “implica no solo una estructuración funcional sino también una proximidad física del Gobierno con la ciudadanía en todo el territorio nacional, para lograr una gestión pública inclusiva y cercana a las realidades y necesidades de la población”.
Por ello -apunta- es imperativo que las instituciones que conforman la función Ejecutiva puedan ejercer sus funciones desde cualquier parte del territorio nacional, “considerando además que esta medida no afecta el equilibrio y separación de los poderes, ni se modifica la capital del país”.
El presidente Noboa suscribió el decreto luego de que el viernes ordenara la eliminación del subsidio al diésel y anunciara medidas compensatorias.
La eliminación del subsidio al diésel implica un aumento inmediato en el precio del combustible, que pasó de 1,80 a 2,80 USD por galón en todo el país. El ahorro fiscal estimado por el gobierno alcanza USD 1.100 millones, recursos que se destinarán a programas sociales e incentivos a la producción nacional.
La medida generó una fuerte reacción entre los diferentes sectores. Cámaras empresariales respaldaron la acción, mientras que los gremios de transportistas la rechazaron y convocaron una suspensión de actividades en la provincia de Pichincha desde el 15 de septiembre, en caso de que no se revierta la decisión. Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) advirtió sobre el riesgo de nuevas protestas, recordando movilizaciones de años anteriores contra recortes similares.
El Frente Unitario de Trabajadores calificó el retiro del subsidio como perjudicial para los asalariados. Advirtió que el transporte implica cerca del 20% del costo de la canasta básica, por lo que el alza del diésel podría incrementar la inflación anual hasta en tres puntos, con impacto directo sobre los precios de los productos esenciales.
El gobierno defendió la medida al afirmar que el subsidio representaba una carga fiscal que favorecía distorsiones en el mercado y no beneficiaba a la población más vulnerable. Los fondos liberados, precisó el gobierno, se emplearán prioritariamente en protección social.
Capturan al líder de una facción disidente de las FARC
En el ámbito de la seguridad, el Ejército capturó en Maldonado (Carchi) a Ángel Polibio Quendi Güiz, señalado como líder del Frente Iván Ríos, una facción disidente de las FARC. Operaba bajo el alias “indio” y está acusado de minería ilegal, extorsión y delitos vinculados a economías ilícitas fronterizas, incluidos cobros a mineros clandestinos y colaboración con organizaciones criminales mexicanas y locales. En el operativo habían incautado armas y municiones.
La captura se da en el contexto de la declaratoria de “conflicto armado interno” contra grupos armados y criminales en Ecuador desde inicios de 2024. Autoridades militares enfatizaron que esta acción golpea la estructura de financiamiento ilegal en la frontera norte mientras el país busca fortalecer el control y la seguridad regional.
(Con información de EFE)
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