Lula da Silva acusó a Jair Bolsonaro de intentar un golpe de Estado en Brasil: “Hay centenares de pruebas”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló que el ex mandatario Jair Bolsonaro intentó llevar a cabo un golpe de Estado en el país y aseguró que existen “centenares de pruebas” que lo confirman, según declaraciones en una entrevista con el Jornal da Band.

Estas afirmaciones surgen en un contexto de gran tensión política e institucional en Brasil, justo cuando la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal condenó este jueves a Bolsonaro por conspiración golpista tras su derrota en las elecciones de 2022 ante el actual jefe de Estado.

Durante el reportaje, Lula explicó que “Bolsonaro intentó un golpe de Estado en este país. (...) Hay decenas, cientos de pruebas, de acciones, declaraciones, discursos, material escrito, de todo lo que intentó hacer (...). Si el juez (Luiz) Fux no quiere las pruebas, es su problema”. La respuesta de Lula surgió ante la consulta sobre el reciente voto del magistrado Luiz Fux, quien el miércoles optó por absolver al ex presidente ultraderechista de los cinco cargos en su contra relativos al orden democrático, por los que podría enfrentar hasta 40 años de prisión.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, el complot para derrocar al gobierno comenzó en 2021, cuando Bolsonaro arremetió contra el sistema electoral. La denuncia sostiene que la estrategia culminó el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de partidarios de Bolsonaro asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal en Brasilia. En ese momento, el propio Bolsonaro se encontraba fuera del país, en Estados Unidos, destino al que viajó el 30 de diciembre, pocos días antes de que Lula asumiera formalmente su mandato.

La justicia brasileña identificó a Bolsonaro y a siete de sus colaboradores como responsables de crímenes por intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, pertenencia a organización criminal armada, daño al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos. Lula reiteró en la entrevista que el ex gobernante “orquestó todo” y resaltó que “fue cobarde y se fue”.

La situación judicial de Bolsonaro experimentó un giro definitivo este jueves, cuando la mayoría de los magistrados de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) votó a favor de declararlo culpable de conspirar contra el Estado. El tercer voto clave llegó de la jueza Cármen Lúcia Antunes, quien respaldó la tesis del juez instructor Alexandre de Moraes. De Moraes vinculó a Bolsonaro directamente con el liderazgo del presunto plan golpista, que incluyó desde mediados de 2021 sistemáticas acciones para desconocer los resultados electorales y perpetuarlo en el poder mediante la fuerza. Se prevé que los jueces discutan la pena para cada uno de los acusados este viernes.

En su argumentación, Antunes afirmó que hay “pruebas concluyentes” que demuestran que desde 2021 un “grupo liderado por Jair Bolsonaro” buscó abolir el Estado democrático, restringir los poderes, sobre todo el Judicial, y derrocar al gobierno legítimamente constituido. La magistrada sostuvo que estos actos estuvieron profundamente marcados por la violencia y que la organización criminal documentó “casi todas las fases” de su plan.

Antunes añadió que el grupo “quería dañar y secuestrar el alma de la República” mediante el intento de “desmoralizar el proceso electoral” empleando actos violentos, amenazas graves, coacción y la elaboración de planes de asesinato contra autoridades.

Por su parte, el voto disidente lo aportó Fux, quien argumentó en una intervención de casi trece horas que no existen pruebas suficientes para condenar a Bolsonaro y por ello defendió su absolución.

Actualmente, Bolsonaro permanece en arresto domiciliario. La acusación describe los cinco delitos de los que se le responsabiliza: abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal armada, daño calificado al patrimonio protegido y deterioro del mismo. Según el curso del proceso, la sanción máxima puede alcanzar los 40 años de cárcel.

(Con información de AFP y EFE)