El voto inesperado de un juez del Supremo Tribunal brasileño sacude el juicio contra Bolsonaro

El larguísimo discurso de ayer del juez del Tribunal Supremo Federal (STF) Luiz Fux, para justificar su voto, que concluyó tras más de 12 horas, supuso un giro inesperado no solo en el proceso en el que están acusados el ex presidente Jair Bolsonaro y su círculo de fieles, sino también para el panorama electoral del próximo año. Fux fue el primer juez del STF, tras el voto condenatorio de Alexandre de Moraes y Flavio Dino, en votar a favor de la absolución del ex presidente.

“No hay golpe de Estado sin que el Gobierno electo sea derrocado”, declaró Fux. Además, según el juez, el STF no tiene jurisdicción para juzgar a Bolsonaro y sus aliados porque ya no tienen derecho al llamado “foro privilegiado”, como se define en portugués, es decir, el mecanismo previsto por la Constitución Federal de Brasil que establece un régimen especial de competencia judicial del STF para determinadas autoridades públicas. Según el razonamiento del juez, en consecuencia, todos los actos procesales realizados hasta la fecha serían nulos. “Nos encontramos ante una incompetencia absoluta, que no puede liquidarse como un vicio intrínseco del procedimiento. Como es sabido, debido a la incompetencia absoluta para juzgar, todas las decisiones tomadas deben ser declaradas nulas y sin efecto”, argumentó Fux. Para el juez, incluso si el STF considerara que Bolsonaro debe ser juzgado en su tribunal, la votación debería tener lugar en sesión plenaria, compuesta por 11 jueces, y no en la Primera Cámara, como está ocurriendo estos días con solo 5 jueces.

El antecedente del Lava Jato y la reacción del bolsonarismo

El discurso y el voto de Fux han abierto un escenario que recuerda mucho a lo ocurrido con la operación anticorrupción Lava Jato y que podría influir en el destino del juicio sobre la trama golpista relacionada con Bolsonaro. En aquel momento, el STF legitimó la actuación de la fiscalía de Curitiba, pero luego cambió radicalmente de línea tras las revelaciones de la operación Vaza Jato, que sacó a la luz comunicaciones privadas entre los jueces de Curitiba y llegó a anular los juicios y condenas relacionados con Deltan Dallagnol y Sergio Moro.

Sin embargo, esta vez el voto de Fux representa un primer punto de divergencia dentro del STF, algo que no había ocurrido en el pasado, ya que hace diez años la competencia del tribunal de Curitiba fue reconocida por unanimidad. La situación solo cambió en 2021, cuando Edson Fachin anuló las condenas de Lula, decisión que luego fue confirmada por el pleno del STF.

El penalista Celso Vilardi, que defiende a Bolsonaro, y el ex senador Demóstenes Torres, abogado del almirante Almir Garnier, expresaron ayer su satisfacción por la postura de Fux. Varios parlamentarios bolsonaristas también celebraron la decisión. “Es una esperanza para revertir este proceso político”, dijeron. La oposición incluso ha iniciado una campaña en las redes sociales con el hashtag “Fux honra la toga”. Según André Fernandes, del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, el juez “los ha enorgullecido”. “Aunque no ha solicitado una revisión del proceso, se crea un precedente significativo para cuestionar esta decisión de la Primera Cámara del STF”, declaró otro líder del PL, Otoni de Paula. Los abogados del teniente coronel Mauro Cid, testigo clave de la acusación en el proceso, calificaron el voto de Fux como “muy por encima de las expectativas”.

Ahora, la atención se centra en el voto del juez Cristiano Zanin, ex abogado de Lula durante la operación Lava Jato, y considerado potencialmente decisivo como “divisor de aguas”. Una convergencia parcial entre Zanin y Fux podría abrir la vía a nuevos recursos y llevar el caso ante el pleno del STF, lo que podría dificultar una posible condena.

EEUU endurece su postura y la respuesta del gobierno de Lula

Sin embargo, no faltan las contradicciones. Según Carolina Brígido, periodista de crónicas judiciales del diario O Estado de São Paulo, “el mismo Fux que votó a favor de anular el caso contra Jair Bolsonaro y otros siete acusados defendió al STF en 2021, cuando era presidente del Tribunal. El 7 de septiembre de ese año, Bolsonaro intensificó sus ataques contra los jueces e incitó a sus seguidores a desobedecer las decisiones del tribunal”. “Ofender el honor de los jueces, incitar a la población a difundir discursos de odio contra la institución del Tribunal Supremo Federal y alentar el desacato a las decisiones judiciales son prácticas antidemocráticas, ilegales e intolerables”, declaró Fux en aquella ocasión.

Muchos se preguntan ahora cuáles son las razones del giro inesperado de ayer. Justo el día antes del discurso de Fux, Estados Unidos, que lleva semanas presionando al gigante latinoamericano para que no se condene a Bolsonaro, endureció su postura. El martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, refiriéndose a Brasil, declaró que Donald Trump no teme utilizar recursos militares y económicos para “proteger la libertad de expresión”. La embajada de Estados Unidos en Brasil se hizo eco en las redes sociales de las críticas del subsecretario de Diplomacia Pública, Darren Beattie, contra Moraes. Beattie lo acusó de abuso de autoridad y de socavar las libertades fundamentales, y declaró que Washington “seguirá tomando las medidas necesarias” en su contra.

La respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil no se hizo esperar. “El Gobierno brasileño condena el uso de sanciones económicas o amenazas de fuerza contra nuestra democracia. El primer paso para proteger la libertad de expresión es precisamente defender la democracia y respetar la voluntad popular expresada en las urnas. Este es el deber de los tres poderes del Estado, que no se dejarán intimidar por ninguna forma de ataque a nuestra soberanía”, se lee en un comunicado. “El Gobierno brasileño repudia el intento de las fuerzas antidemocráticas de utilizar gobiernos extranjeros para coaccionar a las instituciones nacionales”, concluye el texto.

Según ha podido saber Infobae, los bolsonaristas esperan en las próximas horas también una nueva sanción, en virtud de la ley Magnitsky, contra la esposa del juez, relator del proceso, Moraes, la abogada Viviane de Moraes.

Impacto electoral

Mientras tanto, el voto de ayer de Fux cambia por completo el panorama electoral del próximo año y enciende la mecha de un tema político ya de por sí candente, el del proyecto de ley para garantizar la amnistía a los condenados por los saqueos del 8 de enero de 2023, una amnistía que también beneficiaría al propio Bolsonaro. El ex presidente podría incluso presentarse como candidato en 2026, a pesar de que, según la Justicia Electoral, no es elegible hasta 2030. En este escenario, el papel del gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, o Tarcísio, como se le conoce comúnmente, podría cobrar una importancia fundamental. El gobernador, que es visto como un posible candidato del centroderecha si Bolsonaro no lo consigue, ya ha prometido conceder el indulto al ex presidente si resulta elegido. Además, en caso de victoria, podría nombrar a tres nuevos jueces del STF entre 2027 y 2030, en sustitución de Fux, Cármen Lúcia y Gilmar Mendes. Si sumamos estos posibles nombramientos a los ya realizados por Bolsonaro en relación con los jueces Kassio Nunes Marques y André Mendonça, y al comportamiento oscilante de Dias Toffoli, se perfilaría una mayoría conservadora dentro del Supremo. En un escenario así, el voto de Fux de ayer podría convertirse en la base para una futura decisión que anule todo el proceso sobre la trama golpista, replicando en cierto modo lo que ocurrió con la Lava Jato y consolidando un nuevo equilibrio político-judicial favorable al ex presidente y a sus aliados.

Durante la manifestación celebrada el domingo en San Pablo a favor de la amnistía para Bolsonaro, Tarcisio, considerado hasta ahora un político moderado, ha acelerado la radicalización. “Nadie soporta más la tiranía de Moraes”, declaró refiriéndose al juez del STF ponente del proceso, también sancionado por Estados Unidos bajo la acusación de abusar de su autoridad y socavar la libertad de expresión del país. “Nos enfrentamos a un proceso por un delito inexistente”, añadió. “No hay ninguna conexión entre el 8 de enero y Jair Bolsonaro; no hay ningún documento, no hay ninguna orden. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo se puede condenar a alguien sin pruebas?”, preguntó el gobernador. Pero fue la última declaración la que, según los analistas, representó un punto de inflexión. “Defenderemos nuestra democracia representativa. Y es esencial que las personas puedan ser evaluadas en las urnas. Por eso, es esencial que Jair Messias Bolsonaro se presente a las elecciones del año que viene. Solo hay un candidato para nosotros: Jair Messias Bolsonaro”, dijo Tarcísio en su discurso. Sin embargo, el riesgo es que Tarcisio acabe convirtiéndose en un gol en contra para el centro-derecha, según las últimas encuestas de Datafolha, Genial/Quaest e Ipsos-Ipec, que han puesto de manifiesto el descontento de los votantes con los aranceles de Trump y el proyecto de amnistía. Según la directora de Ipsos-Ipec, Marcia Cavallari, los datos sugieren “un cierto cansancio de los votantes con respecto a la polarización”, con índices de rechazo similares para Bolsonaro y Lula. La estrategia del gobernador de San Pablo, por lo tanto, conlleva el “riesgo de ser asociada a este rechazo”.

En cuanto al ejecutivo, sigue de cerca el caso Bolsonaro. Solo esta semana, justo cuando el Parlamento se preparaba para acelerar la aprobación del proyecto de ley de amnistía, el gobierno de Lula asignó 2.200 millones de reales (407 millones de dólares) en las llamadas enmiendas secretas, es decir, transferencias de fondos que no requieren una rendición de cuentas detallada sobre su uso. La cantidad representa el 29% de los 7.300 millones de reales (1.351 millones de dólares) disponibles en el presupuesto de 2026 para este tipo de fondos. El lunes, la ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, se reunió con los ministros de los partidos de la base aliada para instarlos a bloquear el avance del proyecto de ley de amnistía y a centrarse en la oposición a los proyectos centrales del gobierno de Lula, como la exención fiscal para salarios de hasta 5.000 reales (925 dólares). Mientras tanto, el Partido Progresista (PP) y la Unión Brasil han anunciado su retirada oficial de la coalición de gobierno.

El juicio se reanuda hoy con los votos de los jueces Carmen Lucía y Cristiano Zanin, decisivos para la probable condena definitiva del ex presidente. Bolsonaro, bajo arresto domiciliario, se enfrenta a una pena de hasta 43 años de cárcel y solo podrá recurrir si dos de los cinco jueces votan en contra de la condena; en caso de cuatro a uno o cinco a cero, la sentencia será definitiva. En tal caso, la defensa solo podrá recurrir a los tribunales internacionales, empezando por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).