
La noche del domingo 7 de septiembre, Manta –en la Costa ecuatoriana– volvió a ser escenario de una jornada violenta que refleja la crisis de seguridad que atraviesa el país. Tres personas fueron asesinadas y otras tres resultaron heridas tras un ataque perpetrado en el barrio Jaime Chávez Gutiérrez, en la parroquia Los Esteros. Según la Policía Nacional, alrededor de las 20:00 al menos cinco hombres armados abrieron fuego contra un grupo de personas que conversaba en los exteriores de una vivienda. En la escena se levantaron más de 50 casquillos de bala.
Los heridos fueron trasladados de urgencia a distintas casas de salud de la ciudad. Aunque aún no se ha difundido información oficial sobre sus identidades ni su estado de salud, las autoridades confirmaron que las víctimas fatales murieron de manera inmediata por la gravedad de las heridas.
Este episodio se suma a una cadena de hechos violentos que se registraron en la provincia de Manabí durante ese mismo fin de semana. Horas antes, dos hombres de 25 y 30 años fueron asesinados en la vía hacia la Refinería del Pacífico, en el vecino cantón de Montecristi. Apenas al día siguiente, el lunes 8 de septiembre, se reportó un nuevo crimen en la parroquia Picoazá, en Portoviejo, donde un motociclista fue atacado a balazos.

El patrón de violencia en la zona no es nuevo. Manabí se ha consolidado en los últimos años como una de las provincias más golpeadas por la criminalidad. En lo que va de 2025, se han registrado cerca de 800 asesinatos en la provincia, de los cuales al menos 350 han ocurrido en el distrito conformado por Manta, Jaramijó y Montecristi. Estas cifras reflejan la magnitud de la crisis y sitúan a esta región costera como uno de los principales focos de violencia vinculada al crimen organizado en el país.
Los ataques en Manta y sus alrededores son interpretados por analistas de seguridad como una muestra del control que intentan ejercer las bandas criminales sobre territorios estratégicos para el tráfico de drogas. El puerto de Manta, por su ubicación geográfica, ha sido identificado en varios informes internacionales como un punto clave para el envío de cargamentos ilícitos hacia mercados en Norteamérica y Europa. La intensificación de los ataques armados suele estar asociada a disputas entre grupos rivales por el dominio de rutas y enclaves logísticos.
El gobierno de Daniel Noboa ha impulsado en 2025 medidas excepcionales de seguridad, como la declaratoria de bandas narcodelictivas ecuatorianas como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos, lo que ha abierto la puerta a una cooperación internacional más amplia.
Organismos de derechos humanos han advertido que la militarización, aunque necesaria en algunos contextos, no es una solución suficiente si no se acompaña de políticas de prevención, fortalecimiento judicial y oportunidades económicas para jóvenes en riesgo.
Violencia en el hub del crimen organizado

El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado determinó, en un estudio de 2023, que Manta, en Manabí es el “business center del crimen organizado”, esto porque los negocios que organizaciones criminales locales y transnacionales, así como ciertos políticos establecen en esta provincias sirven para insertar sus ingresos ilícitos en el sistema económico formal. Esto a pesar de que un estudio previo identificó Guayaquil como un punto central del lavado de activos en el país.
En Manta, por ejemplo, la inversión en los sectores inmobiliario, gastronómico, industrial de la pesca y en el mercado de apuestas deportivas es notoria. A esto se suman las empresas de captación de dinero (pirámides) que ofrecen incremento de capital en tasas de interés muy alto y en poco tiempo. En Quito, en cambio, se identificó la supuesta operación de compraventa de bitcoins con tasa alta de retorno en efectivo, pero de difícil trazabilidad.
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