El desmantelamiento constitucional del régimen sandinista para blindar la sucesión de Rosario Murillo en Nicaragua

La dictadura de Nicaragua impulsó dos reformas a la Constitución Política del país la última semana. Tres en el mes. Cinco en el año. Y 11 en los últimos cinco años, como parte de un frenesí reformista que, a criterio del abogado Juan Diego Barberena, busca blindar la sucesión de Rosario Murillo una vez que Daniel Ortega muera.

La Asamblea Nacional aprobó este miércoles, por unanimidad y sin discusión, una reforma que introduce un cambio de fondo en la Policía Nacional. La modificación al artículo 125 de la Carta Magna eliminó la figura del director general y la sustituyó por una jefatura dual.

Desde ahora la institución pasa a llamarse “Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua” y quedará bajo el mando de dos comisionados generales nombrados directamente por la Presidencia.

La iniciativa modifica el numeral 10 del artículo 125 de la Constitución Política de Nicaragua, ampliando las atribuciones de la Presidencia para que, además de nombrar a subdirectores y al inspector general de la Policía, pueda designar también a dos jefes de las Fuerzas Policiales de entre los miembros de la Jefatura Nacional.

Sin embargo, a pesar de que la reforma solo puede entrar en vigor después de ser aprobada en una segunda legislatura, la próxima comienza en enero de 2026. Este viernes La Gaceta, diario oficial, publicó el Acuerdo Presidencial 126-2025, que nombra al comisionado general Juan Victoriano Ruiz Urbina como “Jefe de las Fuerzas Policiales”, quien compartirá el puesto con el comisionado general Francisco Díaz, consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Hoy se presentó en conferencia de prensa el Comisionado General, Primer Comisionado General Francisco Díaz, junto al Comisionado General Victoriano Urbina anunciando cómo está integrada la jefatura de las fuerzas policiales de nuestra Nicaragua”, dijo Rosario Murillo un día antes en su alocución diaria en medios oficialistas.

Murillo defendió la reforma como una respuesta a la “demanda creciente de seguridad”. Según sus palabras, “la jefatura de las Fuerzas Policiales es a partir de la reforma a la Constitución que se realizó precisamente por la demanda creciente de nuestro pueblo, que siempre está buscando la seguridad, procurando, demandando, exigiendo, lo que debemos nosotros garantizar: seguridad ciudadana en las comarcas, en los barrios, en las comunidades, en las ciudades, en todas partes, más seguridad”.

Este mismo día se presentó y aprobó, también por unanimidad y trámite exprés, una enmienda al artículo 118 de la Constitución que endurece las obligaciones de los funcionarios públicos. Dos reformas constitucionales en dos días.

Según el nuevo texto, los funcionarios deberán garantizar la buena administración y rendición de cuentas de los bienes y fondos estatales, con la Presidencia facultada para sancionarlos.

Para Barberena, especialista en derecho constitucional, se trata de una medida repetitiva que ya estaba prevista en la Constitución y que tiene un trasfondo político. “Esto implica que quieren colocar a los funcionarios a disposición del Ejecutivo, en concordancia con la reforma que creó la Procuraduría General de Justicia. Es asistemática, repetitiva y busca dar una imagen de lucha contra la corrupción, pero también abrir la posibilidad de aprehensión patrimonial de los funcionarios”.

Desde 1987, cuando fue promulgada, la Constitución Política de Nicaragua sufrió 20 reformas. La más profunda entró en vigor en febrero de 2025, con cambios en 187 de sus 202 artículos. Aquel fue, en palabras de Barberena, un “desmembramiento constitucional” que persiguió dos objetivos: “la concentración absoluta del poder y la viabilidad jurídica de la sucesión dinástica”.

En los cinco últimos años, el ritmo ha sido inédito: once enmiendas, que superan las nueve acumuladas en los 33 años previos.

El nuevo marco abrió la puerta a una serie de modificaciones aceleradas. En abril de 2025 se aprobó la reforma que permite despojar de la nacionalidad a quienes adquieran otra.

Luego se creó la Procuraduría General de Justicia, concebida como un superministerio con facultad de fiscalizar al resto del Estado. En pocas semanas se instauró la jefatura dual en la Policía Nacional. Y ahora, se endurecen las obligaciones de los funcionarios.

Ante un Daniel Ortega ausente y visiblemente en declive, Barberena ve la mano de su esposa, Rosario Murillo, en cada una de estas reformas destinadas a darle más poder.

La forma de aprobación de las reformas ha cambiado tanto como su frecuencia. Lo que según la propia Constitución debe ser un proceso riguroso, con consultas a comisiones y dos debates, se ha reducido a un trámite exprés.

“La mecánica constitucional ha colapsado. Presentan iniciativas hoy y las aprueban mañana, sin deliberación, sin debate. Se usa como excusa la figura de urgencia parlamentaria, que no existe en materia constitucional. La Constitución ha sido rebajada a un simple decreto ejecutivo”, afirma Barberena.

El abogado Eliseo Núñez señala que muchas reformas son deliberadamente incompletas. “Las dejan en términos escuetos, sin desarrollo sustantivo ni procedimental, para que la interpretación quede a discreción del Ejecutivo. Eso convierte a la Presidencia en árbitro único de la aplicación constitucional”.

Un ejemplo es la reforma policial: establece dos jefes, pero no define procedimientos en caso de conflicto ni límites de funciones. “Eso queda sujeto a la interpretación del Ejecutivo, que decide a quién remover o cómo aplicar la norma”, explica.

Lo que antes fue excepcional se volvió costumbre. En 1995 la reforma más recordada limitó los poderes presidenciales. Ahora, en apenas un año y medio, se han multiplicado enmiendas que afectan desde las formas de gobierno, la nacionalidad hasta la estructura de la Policía.

Para Barberena, el trasfondo no está en fortalecer derechos ni en modernizar instituciones, sino en blindar la sucesión. “Estas reformas no buscan ampliar libertades ni proteger a los ciudadanos. Buscan asegurar que todo el aparato institucional responda a Rosario Murillo en ausencia de Ortega”.

El abogado sostiene que este blindaje jurídico es, sin embargo, endeble. “Resolvieron jurídicamente la sucesión, pero carecen de resortes políticos. No tienen respaldo partidario, están aislados internacionalmente y las alianzas con el gran capital son frágiles. Ese blindaje es débil también”.

El factor decisivo, advierte, será el Ejército. “Hasta ahora Murillo ha sido cautelosa, pero el poder absoluto la llevará a intentar controlarlo. El choque será inevitable. Y la historia de Nicaragua demuestra que las fuerzas armadas siempre han tenido la última palabra en momentos de inflexión”.

El jurista plantea dos escenarios posibles. Uno de consolidación, en el que Murillo logra someter al Ejército y perpetuarse en el poder. Otro más probable, en el que la ausencia de Ortega y las contradicciones internas desaten una crisis sucesoria.

“La familia no es monolítica. Sin Ortega habrá fisuras. Y hay mandos militares intermedios que tendrán que decidir si hundirse con la dictadura o salvar la institución”, dice.

Barberena sostiene que Nicaragua no enfrenta una Constitución reformada, sino desmantelada. “Es la desconstitucionalización de la Constitución. Las reformas no responden a derechos, sino a necesidades de poder. Y esas necesidades son, ante todo, personales”, sentencia.