Nicaragua puso en vigor este miércoles una reforma a la Constitución Política que transforma el Estado, elimina el balance de poderes, y otorga un poder total al dictador del país, Daniel Ortega, y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, quien ahora tiene el cargo de “copresidenta”.
La reforma constitucional, que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses, entró en vigencia tras ser publicada en el Diario Oficial, La Gaceta, y 19 días después de haber sido aprobada en segunda y definitiva legislatura.
La norma constitucional amplía de cinco a seis años el período presidencial, establece la figura de “copresidenta”, que el Ejecutivo “coordine” los demás “órganos” del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legaliza la apatridia.
Además, crean las “fuerzas militares de reserva patriótica” y la “policía voluntaria” que, según los opositores, se tratarían de fuerzas parapoliciales y paramilitares.
Los legisladores reformaron 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y derogaron otros 37, incluido el que prohibía la práctica de la tortura.
La enmienda establece que Nicaragua es un Estado “revolucionario”, libre, soberano, independiente, que reconoce a la persona, la familia y la comunidad como protagonistas de la “democracia directa”, que el poder revolucionario lo ejerce el pueblo de forma directa, y el pueblo ejerce el poder del Estado a través de la Presidencia de la República que dirige al Gobierno y coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, fiscalía de cuentas y los entes autónomos.
La Presidencia dirigirá al Gobierno y como Jefatura de Estado coordinará a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y regionales y municipales, según la norma.
También que la Presidencia es la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.
Además que la Presidencia estará integrada por un copresidente y una copresidenta, que ejercerán sus funciones por un período de seis años, y podrán nombrar vicepresidentes sin ser elegidos por el voto popular.
También incluye como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el Gobierno desde 2007.
La Presidencia podrá además ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera.
Asimismo crea “las fuerzas militares de reserva patriótica, como parte del Ejército de Nicaragua, las cuales estarán integradas voluntariamente por oficiales, funcionarios, suboficiales, clase, soldados y marineros que han pasado a la honrosa condición de retiro o licenciamiento”.
Además crea la policía voluntaria como cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional, integrada por nicaragüenses “que prestan sus servicios de forma voluntaria”.
Pese a que la figura de policía voluntaria no existía en la Constitución, Ortega afirmó en septiembre de 2022 que el Ejército, la Policía y la “policía voluntaria” ayudaron a restaurar “la paz” en Nicaragua tras la revuelta popular que estalló en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que dejaron cientos de muertos.
Según organismos humanitarios y opositores, esos civiles armados son “grupos parapoliciales y paramilitares” que actuaron con la aquiescencia del Estado en la denominada ‘Operación Limpieza’ con la que el régimen neutralizó las manifestaciones en su contra.
El Estado de Nicaragua también vigilará que los medios de comunicación social no sean “sometidos” a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas que atenten contra los derechos de los nicaragüenses.
Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, gobierna Nicaragua desde 2017 junto con su esposa Murillo en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia.
Ortega ha pedido reformar la Constitución en 12 ocasiones desde 2007, incluida una que le permite reelegirse de forma indefinida.
(Con información de EFE)
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