Trinidad y Tobago respaldó el despliegue de buques militares de EEUU en el mar Caribe para combatir el narcotráfico

La decisión de Trinidad y Tobago de apoyar a Estados Unidos en caso de un conflicto con Venezuela por Guyana representa un cambio relevante en la seguridad del Caribe. En medio del aumento del despliegue militar estadounidense en la región y de las tensiones por la disputa territorial del Esequibo, el gobierno trinitense, encabezado por la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, anunció su disposición a conceder acceso a su territorio a las fuerzas estadounidenses si Washington lo solicita para defender a Guyana ante una eventual agresión de la dictadura venezolana.

Persad-Bissessar afirmó que, aunque Trinidad y Tobago mantiene buenas relaciones con el pueblo venezolano, su gobierno apoyaría a Estados Unidos si el régimen de Nicolás Maduro ataca o invade territorio guyanés. “Si el régimen de Maduro lanza algún ataque contra el pueblo guyanés o invade el territorio guyanés y el gobierno estadounidense solicita acceso al territorio trinitario para defender al pueblo de Guyana, mi gobierno se lo concederá sin reservas”, declaró la mandataria.

Esta postura se produce tras el despliegue de destructores y buques de guerra anfibios estadounidenses, como el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, cerca de la costa venezolana, en una operación destinada a reforzar la seguridad regional y combatir a los cárteles de la droga.

El respaldo de Trinidad y Tobago se inscribe en una respuesta regional al aumento de la presencia militar estadounidense, que inicialmente fue recibida con silencio por otros gobiernos caribeños. Guyana, país rico en petróleo y epicentro de la disputa territorial, fue el primero en expresar su apoyo a la iniciativa, comprometiéndose a colaborar con socios bilaterales y a respaldar acciones regionales y globales para desmantelar redes criminales. Surinam, Barbados y las Islas Turcas y Caicos también han experimentado un incremento en la violencia, lo que ha impulsado el interés en fortalecer la cooperación en materia de seguridad.

La disputa entre Guyana y Venezuela por la región del Esequibo, una franja de 160.000 kilómetros cuadrados con abundantes recursos naturales, tiene raíces históricas en el Laudo Arbitral de París de 1899, que otorgó la soberanía a la entonces Guyana Británica. Guyana defiende la vigencia de este laudo y sostiene que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el foro adecuado para resolver el litigio, mientras que Venezuela rechaza este mecanismo y mantiene su reivindicación sobre el territorio. La tensión se intensificó en diciembre de 2023, cuando la dictadura de Maduro celebró un referéndum para incorporar el Esequibo, lo que generó preocupación internacional ante el riesgo de una escalada del conflicto.

En este contexto, el presidente guyanés Irfaan Ali declaró que el país está preparado para adoptar medidas que protejan su soberanía y subrayó la necesidad de liderazgo y respaldo internacional para enfrentar el “nuevo entorno” de amenazas. Ali advirtió que la situación podría desestabilizar la región y reiteró la importancia de consolidar alianzas de confianza con socios internacionales. El gobierno guyanés también ha impulsado la cooperación internacional en seguridad y ha señalado la influencia de organizaciones criminales vinculadas a la dictadura de Venezuela, como el Cartel de los Soles, liderado por Maduro y la cúpula del régimen chavista.

El aumento de la violencia y el crimen organizado en el Caribe ha agravado la situación. Trinidad y Tobago registró en el último año 625 asesinatos, con una tasa de homicidios del 45,7%, según Insight Crime. El 43,6% de estos homicidios estuvo relacionado con la actividad de pandillas. Otros países de la región, como Surinam, Barbados y las Islas Turcas y Caicos, también han visto duplicarse sus tasas de homicidios, lo que convierte al Caribe en un foco de violencia sin precedentes. Persad-Bissessar atribuyó este fenómeno al tráfico de drogas, personas y armas, y advirtió que los cárteles han logrado integrarse en las altas esferas de las sociedades caribeñas, dificultando la implementación de políticas efectivas contra el crimen.

Por su parte, el legislador estadounidense Carlos Gimenez, miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, agradeció públicamente el apoyo de Trinidad y Tobago a la misión estadounidense contra el Cartel de los Soles en Venezuela. En tanto, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, propuso declarar a las pandillas como organizaciones terroristas, dada la magnitud de la violencia que afecta a los pequeños estados insulares, que carecen de los recursos necesarios para enfrentar a los cárteles.

La respuesta de Venezuela a estos acontecimientos ha sido acusar a Guyana de actuar bajo la influencia de intereses extranjeros, en particular de una importante petrolera estadounidense. La cancillería venezolana calificó de “miserable” el comunicado de Georgetown y sostuvo que Guyana habría permitido injerencias externas a cambio de beneficios energéticos. Caracas considera las advertencias guyanesas como provocaciones destinadas a perjudicar la imagen venezolana y a crear un clima internacional adverso en torno a la disputa por el Esequibo.

En este escenario de alianzas estratégicas, acusaciones cruzadas y defensa de la soberanía, la estabilidad regional dependerá de la capacidad de las partes para mantener el diálogo y de la vigilancia de la comunidad internacional ante cualquier intento de alterar el equilibrio territorial y la paz en el Caribe. La resolución de la crisis requiere iniciativas diplomáticas sólidas y la participación activa de organismos multilaterales para garantizar una salida pacífica que respete el derecho internacional.