Magnicidio de Fernando Villavicencio: cuáles fueron los testimonios clave para la investigación

La Fiscalía General del Estado avanza en la etapa final de la instrucción fiscal para imputar cargos por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023. En el centro de esta fase se encuentran dos testimonios clave de Daniel Salcedo Bonilla y Lenín Vimos que condujeron a la identificación de los presuntos autores intelectuales del magnicidio.

Las revelaciones de ambos fueron determinantes para que el Ministerio Público convocara a una audiencia de formulación de cargos contra el exministro del Interior José Serrano, el empresario e investigado Xavier Jordán, el exasambleísta y prófugo Ronny Aleaga y el propio Salcedo.

Según informó Primicias, la Fiscalía decidió judicializar el caso luego de recibir el testimonio anticipado de Vimos. En su testimonio detalló que “Jorge Glas Espinel da la orden directa a Ronny Aleaga, financiado por José Serrano Salgado. Jorge Chonillo presta las armas a través de Colon Pico y este último tenía varias visitas de las chicas Laura Castillo y Alexandra Chimbo, vinculadas al asesinato”, de acuerdo a la publicación del medio ecuatoriano.

Por su parte, Daniel Salcedo —quien cumple varias condenas por corrupción y delincuencia organizada en Ecuador— compareció el 18 de julio de 2024. Durante más de tres horas, ofreció su testimonio anticipado en el cual señaló “un financista y supuestas conversaciones sobre tres pagos, cuyos montos oscilarían entre USD 20.000 y USD 200.000 para el crimen”, según Primicias. Aunque no se ha hecho público el contenido íntegro de su declaración, este testimonio corroboró parte de lo dicho por Vimos.

Uno de los elementos más controversiales en la construcción de esta acusación es el testimonio de Daniel Salcedo, quien afirmó haber sido víctima de un intento de asesinato en la cárcel de Riobamba enjunio. Salcedo declaró que sus atacantes le mencionaron que “Pepe les manda saludos”, en aparente alusión a José Serrano. Tras el ataque, Salcedo anunció que revelaría todo lo que sabe, lo cual habría motivado su traslado y el de su hermano Noé a una cárcel de máxima seguridad en Quito.

Serrano ha calificado las acusaciones en su contra como un “burdo montaje”. En un comunicado publicado el 25 de junio en su cuenta de X, el exministro negó cualquier vínculo con el asesinato de Villavicencio y denunció que detrás de las imputaciones existiría un intento por encubrir a los verdaderos responsables. Afirmó además que sectores del Estado supuestamente infiltrados por el crimen organizado —entre ellos, un grupo financiero y un socio de Salcedo— estarían interesados en involucrarlo.

La audiencia de formulación de cargos fue fijada para el 25 de agosto de 2025, y será presidida por el juez nacional Luis Rivera.

El caso ha captado atención internacional, no solo por el impacto del asesinato —ocurrido a plena luz del día en medio de un operativo de seguridad del Estado— sino también por los presuntos vínculos entre figuras políticas y estructuras criminales.

La Fiscalía ha sido cautelosa en revelar detalles debido a la sensibilidad del caso y a la cooperación que mantiene con autoridades de otros países. La familia de Fernando Villavicencio, por su parte, ha respaldado las nuevas diligencias.

Amanda Villavicencio, hija del político asesinado, manifestó que este llamado a audiencia de formulación de cargos “responde a las investigaciones que hemos realizado” y que se alinea con las conversaciones de los grupos criminales con Leandro Norero, el narcotraficante asesinado en prisión y considerado pieza clave en las redes de poder implicadas en el caso.

La investigación sobre quién dio la orden del magnicidio ha sido un pedido recurrente de la familia de Villavicencio. “Para mí es más que claro que es un crimen político y que los autores intelectuales están en esa esfera política”, dijo Tamia Villavicencio, una de las hijas del político, en una entrevista con Infobae en 2024.

Cuando Villavicencio presidía la Comisión de Fiscalización del Congreso, denunció ante la Fiscalía que Aleaga, Pablo Muentes (sentenciado y preso por el caso Purga) y otros tres legisladores planeaban matarlo.