El próximo martes 26 de agosto, el sistema judicial ecuatoriano llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos para cuatro investigados como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado en agosto de 2023. Este acto procesal se realizará en Quito y pondrá bajo la lupa a figuras de alto perfil político y empresarial, quienes enfrentarán la petición de medidas cautelares por parte de la Fiscalía General del Estado.
Los investigados que deberán comparecer son José Serrano, ex ministro durante la presidencia de Rafael Correa, Ronny Aleaga, ex asambleísta y ex miembro del bloque oficialista, junto a los empresarios Daniel Salcedo y Xavier Jordán. Todos los señalados han sido procesados anteriormente en causas relacionadas con corrupción o crimen organizado.
Una de las particularidades de esta convocatoria judicial es que quedó fuera de la lista de inculpados el ex vicepresidente Jorge Glas, quien a pesar de haber figurado en la investigación preliminar, se mantiene actualmente recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, cumpliendo condenas por corrupción.
Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros cuando salía de un acto político electoral en Quito, a solo once días de los comicios presidenciales extraordinarios. El ataque, ejecutado por sicarios, fue uno de los episodios más violentos en la historia electoral reciente de Ecuador y expuso la penetración de redes criminales en la vida pública. Villavicencio se había manifestado como uno de los principales críticos del correísmo y denunciante de estructuras de corrupción, acumulando conflictos y enemistades con varios de los hoy señalados en el caso.
La muerte de Villavicencio derivó en una investigación judicial que ya logró la condena de cinco implicados directos, identificados como autores materiales del crimen. Entre ellos destaca Carlos Angulo, conocido como “El Invisible”, cabecilla de la organización criminal Los Lobos y encargado de planificar el atentado, además de coordinar la logística del asesinato. La Fiscalía aún busca esclarecer la totalidad de la estructura intelectual y financiera detrás del hecho.
El avance judicial fue respaldado por las hijas de Villavicencio, quienes advirtieron mediante un comunicado que “el asesinato de mi padre no puede reducirse a cuatro nombres, hubo un complot de mafias transnacionales, políticos, narcopolíticos y criminales.”
Parte de la complejidad de la causa radica en la suerte de los posibles testigos y otros imputados. Ocho personas procesadas dentro del expediente murieron antes de rendir su testimonio ante las autoridades, lo que dificulta la reconstrucción total de los hechos. Siete de ellos, nacionales colombianos identificados como sicarios participantes en el crimen, murieron bajo custodia en centros penitenciarios. Otro fue herido mortalmente durante el operativo que siguió al atentado.
Respecto a los principales investigados, las circunstancias judiciales y migratorias figuran como factores determinantes. José Serrano fue recientemente capturado en Estados Unidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, luego de que su nombre apareciera en la investigación. Serrano ha afirmado que los señalamientos en su contra derivan de un “burdo montaje”, rechazando las imputaciones de la Fiscalía.
En paralelo, Xavier Jordán, a quien otras causas de alto perfil vinculan con corrupción y crimen organizado, permanece prófugo en territorio estadounidense. Como parte del expediente judicial, Daniel Salcedo, actualmente cumpliendo varias condenas por delitos similares, responsabilizó públicamente a Jordán de participar en el financiamiento del asesinato de Villavicencio.
“Cuando muere Villavicencio es porque empezó a darle duro a todo ese equipo (Xavier Jordán, Nain Massuh, Ronny Aleaga y Leonardo Cortázar), les estaba tocando el bolsillo, lo mejor era silenciarlo”, afirmó Salcedo durante una intervención ante la Asamblea Nacional.
El mismo Salcedo señaló que el crimen “pudo haber costado unos 200.000 dólares”.
En cuanto a Ronny Aleaga, antiguo integrante de la banda Latin Kings y ex legislador, actualmente no se conoce su paradero y consta como prófugo de la justicia desde hace dos años.
(Con información de EFE)
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