Bolivia declaró emergencia nacional para enfrentar la crisis de incendios forestales

Bolivia atraviesa una severa alarma institucional tras la declaración de emergencia nacional anunciada por el gobierno frente al avance de los incendios forestales, que han puesto en riesgo el territorio y la seguridad de la población. El anuncio fue realizado en un contexto de fuertes incrementos en los focos de calor y advertencias sobre la posible expansión de los incendios, según datos del Ministerio de Defensa.

La emergencia se formalizó mediante un Decreto Supremo, explicó Juan Carlos Calvimontes, viceministro de Defensa Civil, durante una conferencia de prensa.

Este instrumento legal tiene como objetivos centrales salvaguardar la salud pública, proteger el medio ambiente, conservar la biodiversidad y asegurar la continuidad de las actividades productivas. Calvimontes señaló que el decreto responde a la gravedad de la situación, obligando a la coordinación interinstitucional y a la búsqueda de asistencia internacional.

La declaratoria habilita una respuesta rápida y conjunta dentro del Estado Plurinacional, autoriza contrataciones directas y reasignaciones presupuestarias a todos los niveles, como central, departamental y municipal, y permite la gestión de cooperación internacional.

A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se podrá convocar al cuerpo diplomático y a organismos extranjeros, de acuerdo con información provista por el Ministerio de Defensa en su portal institucional.

De acuerdo con fuentes oficiales, el decreto ofrece el marco legal necesario para gestionar financiamiento internacional específico para la atención de sucesos extraordinarios como los incendios forestales. Entre los principales mecanismos aparece el acceso a un crédito de USD 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a fortalecer la respuesta nacional ante la crisis.

El gobierno aclaró que, tras finalizar las labores de control, el Sistema Integrado de Monitoreo de Bosques, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, será el único autorizado para difundir cifras oficiales sobre las áreas afectadas. Se busca así centralizar la información y garantizar transparencia en la distribución de los datos públicos.

Situación actual de los incendios forestales

En el momento de la declaración, se contabilizaban 720 focos de calor distribuidos de forma desigual en el país. El departamento de Santa Cruz agrupaba 549 de estos focos, seguido por Beni con 140 y Potosí con 15, según agencia AP.

Persisten ocho incendios forestales activos, de los cuales siete afectan la región central de Cochabamba. Sobresale la alarma en la Reserva Forestal Tunari, donde se desplegaron 198 efectivos militares y se utilizan medios aéreos para contener el fuego. Las autoridades estiman que logren controlar el incendio durante la jornada, pero se mantienen atentos ante eventuales rebrotes.

Otra zona crítica corresponde al Parque Nacional Noel Kempff Mercado, situado en Santa Cruz. Este parque, declarado Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad por la UNESCO, ha requerido la intervención de 77 bomberos forestales, helicópteros, personal de la Gobernación, Defensa Civil, SERNAP y Fuerzas Armadas. Las labores de sofocación en el parque comenzaron el 6 de agosto, de acuerdo con el Ministerio de Defensa.

En San Matías, Beni, 56 efectivos militares participan en tareas de combate directo con el propósito de controlar el avance de las llamas en el menor tiempo posible.

Medidas de control y prevención

A raíz de la emergencia, el Tribunal Agroambiental reforzó la “pausa ecológica” en el país, prohibiendo los chaqueos, las quemas y cualquier uso del fuego en zonas rurales y urbanas. El cumplimiento de esta prohibición es obligatorio para todas las instituciones del Estado.

El viceministro indicó que se identificaron y geolocalizaron predios con focos de incendio; la información fue enviada a la Fiscalía, el Tribunal Agroambiental y la Procuraduría General para la aplicación de sanciones conforme a la legislación ambiental de Bolivia.

Estos mecanismos buscan robustecer la respuesta institucional, mejorar la vigilancia territorial y desincentivar nuevas infracciones en el uso del fuego. El seguimiento continuo y la acción judicial resultan esenciales para evitar la repetición de estos incidentes.