
Un tribunal de Guatemala ordenó este martes investigar al ex presidente Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) por su posible responsabilidad en la tragedia ocurrida el 8 de marzo de 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde murieron 41 niñas y otras 15 resultaron heridas.
La decisión fue anunciada por la jueza Ingrid Cifuentes, titular del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, durante la lectura de sentencia contra siete ex funcionarios acusados por la muerte de las menores. Cifuentes indicó que la Fiscalía debe indagar “para establecer su participación en los hechos suscitados el día 7 de marzo de 2017”, en referencia a la víspera del incendio.
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Según la jueza, Morales ordenó el envío de más agentes policiales al hogar, quienes llegaron armados para contener una posible fuga de niñas. Este operativo se desarrolló el día anterior a la tragedia y es considerado por el tribunal como un elemento que requiere investigación adicional.
El caso se refiere al incendio registrado dentro de un aula del refugio estatal Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado en las afueras de la Ciudad de Guatemala. Las menores se encontraban encerradas bajo custodia cuando se desató el fuego, lo que provocó la muerte de 41 de ellas y lesiones graves a otras 15.
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En la misma resolución, la jueza ordenó también investigar a Carlos Beltetón, ex asesor presidencial de Morales, por contradicciones detectadas durante su testimonio.
Este martes, el tribunal declaró culpables de homicidio culposo a cuatro exfuncionarios: la ex subinspectora de la Policía Nacional Civil Lucinda Marroquín Carrillo; la ex jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Brenda Chamán; el ex jefe de esa misma secretaría, Carlos Rodas; y el ex director del hogar estatal, Santos Rodas.
Las penas impuestas por homicidio culposo oscilan entre seis y ocho años de prisión. A estos castigos se suman condenas adicionales por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato de menores, que podrían incrementar las penas en hasta seis años más. El Código Penal guatemalteco permite la acumulación de condenas, aunque su aplicación depende del criterio del tribunal, algo que no fue detallado en la audiencia.
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Otros dos ex funcionarios también fueron condenados: el ex comisario de la Policía Nacional Civil Armando Pérez Borja recibió seis años de cárcel por abuso de autoridad, y la ex defensora de la Niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Gloria Castro, fue sentenciada a seis años por incumplimiento de deberes.
El ex miembro del área jurídica de la Procuraduría de la Nación, Harold Flores, fue absuelto de todos los cargos.
El proceso judicial, que se ha extendido durante casi ocho años, estuvo marcado por múltiples suspensiones y recursos legales. En mayo pasado, la ex subsecretaria de Bienestar Social, Anahy Keller —considerada cercana a Morales—, quedó desligada del caso tras haber sido señalada desde el inicio de las investigaciones.
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La tragedia del Hogar Seguro generó conmoción nacional e internacional. Organismos de derechos humanos han cuestionado las condiciones de reclusión de las menores y el manejo de la crisis por parte de las autoridades.

Las víctimas, todas bajo custodia estatal, habían sido trasladadas a un aula cerrada luego de un intento de fuga. El incendio, según los testimonios recogidos durante el juicio, se originó dentro del recinto sin que se permitiera a las menores salir a tiempo.
La nueva investigación ordenada contra Morales y su ex asesor podría ampliar el alcance de responsabilidades políticas en un caso que ha permanecido abierto y controvertido desde 2017. El Ministerio Público deberá ahora determinar si el ex presidente tuvo un papel directo o indirecto en las decisiones que derivaron en la tragedia.
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(Con información de EFE)
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