Un alcalde de Ecuador acusado de peculado cumple prisión en una cárcel de mujeres

El alcalde de Pujilí, José Arroyo, enfrenta prisión preventiva en una cárcel de mujeres por disposición judicial, luego de ser procesado por presunto peculado en el marco del caso “Ornato Municipal”. La medida fue dictada por un juez de la Sala Anticorrupción de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que aceptó parcialmente el pedido de la Fiscalía. El traslado a la Casa de Confianza de Chillogallo, un centro de mujeres en el sur de Quito, obedece a que en su cédula consta el género femenino.

La Fiscalía investiga a Arroyo y a otras 16 personas por supuestas adjudicaciones irregulares de obras públicas ejecutadas durante su gestión. El proceso comenzó el 16 de octubre de 2024 y se centra en contratos suscritos desde mayo de 2023, cuando asumió la Alcaldía. Entre los proyectos cuestionados figuran la construcción de iglesias, casas comunales y vías, que habrían sido iniciados antes de su posesión con recursos privados y posteriormente adjudicados mediante contratación pública, lo que podría evidenciar un intento de justificar con fondos municipales gastos previos.

Durante los allanamientos realizados en Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha, la Policía detuvo a los 17 implicados. De ellos, diez cumplirán prisión preventiva —incluido Arroyo— y siete deberán presentarse periódicamente ante la Fiscalía y tienen prohibición de salir del país. Además, el juez dispuso medidas cautelares reales: prohibición de enajenar bienes y retención de cuentas a todos los procesados.

La investigación se originó en denuncias del entonces vicealcalde y de otros funcionarios municipales, a las que siguió una auditoría ordenada por la Contraloría General del Estado. Entre los contratos bajo la lupa está uno de 2024 por USD 54.000 para la compra de palmeras y otro de abril del mismo año por USD 151.000 para colocar adoquines que, según la Fiscalía, ya habían sido donados en 2023.

La decisión judicial generó controversia debido a que el cambio de género de Arroyo en el Registro Civil se registró en octubre de 2024, el mismo mes en que se inició la investigación penal. Organizaciones LGBTI expresaron su preocupación por lo que consideran un uso “indebido” y “oportunista” de la normativa que permite modificar sexo o género sin requisitos médicos o psicológicos, amparada en el principio de libre desarrollo de la personalidad. Señalaron que, si bien las personas trans suelen cambiar también su nombre para alinear su identidad legal con su autopercepción, Arroyo no lo hizo, lo que, según estos colectivos, contrasta con las prácticas habituales.

El debate se intensificó tras la difusión por Ecuavisa de imágenes de la detención, en las que un policía le indica a Arroyo que en su documento oficial figura como mujer y le consulta cómo desea ser tratado. “Como mujer, por favor”, respondió él. La reacción de los colectivos incluyó la advertencia de que casos como este podrían reforzar estigmas y dificultar el acceso de personas trans a un reconocimiento legal equitativo, en un contexto donde ya enfrentan trabas documentadas desde 2015. También pidieron al Registro Civil una investigación transparente y una revisión de sus políticas internas para evitar abusos.

Arroyo, quien llegó a la Alcaldía con el respaldo del correísmo, deberá permanecer en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones. La Fiscalía sostiene que las inspecciones realizadas revelaron inconsistencias entre los informes oficiales y el estado real de las obras, así como presuntos vínculos entre contratistas y algunos de los procesados.

El caso “Ornato Municipal” continúa en instrucción fiscal, y tanto el proceso penal como la polémica por la prisión en un centro femenino mantienen el foco público sobre la gestión de Arroyo y sobre las lagunas en la aplicación de la normativa de cambio de género en Ecuador.