Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), afirmó este viernes que el máximo tribunal no cederá ante sanciones ni presiones internacionales en el marco del juicio contra el ex mandatario Jair Bolsonaro, previsto para concluir antes de finalizar el año. La declaración se produce después de que el gobierno liderado por Donald Trump impusiera una serie de sanciones contra Moraes y elevara aranceles a exportaciones brasileñas.
Durante la primera sesión plenaria tras el receso de julio, celebrada en Brasilia, De Moraes, responsable del proceso penal contra Bolsonaro, señaló: “El calendario procesal del Supremo Tribunal Federal no se adelantará ni se retrasará. Ignoraremos las sanciones”. El magistrado defendió la independencia de la justicia brasileña y subrayó el compromiso del STF con la “defensa de la soberanía nacional, la democracia y el Estado de derecho”.
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El juez también denunció presiones provenientes del exterior para interferir en los procedimientos en curso y aseguró que tanto el Supremo como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal continuarían trabajando sin ceder ante amenazas “vengan de aquí o de cualquier otro lugar”.
Las sanciones estadounidenses, aplicadas bajo la Ley Magnitsky, incluyen el bloqueo de eventuales activos de De Moraes en Estados Unidos y prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses relacionarse con él. De acuerdo con fuentes judiciales citadas por AFP, el magistrado no posee bienes en ese país.
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La decisión del Departamento del Tesoro de EEUU llegó después de que la administración estadounidense acusara a De Moraes de una “caza de brujas ilegal” contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas. Paralelamente, el Departamento de Estado revocó el visado del magistrado y de su familia directa debido a las restricciones impuestas por la justicia brasileña a Bolsonaro, estableciendo medidas como la colocación de una tobillera electrónica y la prohibición de uso de redes sociales.
Donald Trump acompañó estas acciones con la firma de un decreto que impone un arancel del 50% a determinadas importaciones brasileñas. En el anuncio oficial, el gobierno estadounidense justificó la decisión al denunciar lo que describió como “persecución política” de Bolsonaro.
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Acusaciones de complot y defensa del Estado de derecho
El proceso judicial contra Jair Bolsonaro implica la acusación de haber liderado un complot para mantenerse en el poder tras las elecciones de 2022, que ganó Luiz Inácio Lula da Silva. De Moraes recordó este viernes que los interrogatorios y declaraciones de testigos en el caso han sido transmitidos públicamente y sostuvo que el proceso ha sido inédito en nivel de transparencia. Señaló: “No hay lugar para presiones o coacciones que busquen el archivo tiránico y espurio de la causa”.
Sin mencionar nombres, De Moraes aludió a “traidores de la patria” y a una “organización miliciana”, en aparente referencia a Bolsonaro y a su entorno, acusándoles de intentar sustituir el debido proceso legal por presiones externas. Señaló también que el diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del ex mandatario y radicado actualmente en Estados Unidos, ha reconocido sus gestiones ante la administración Trump para sancionar a Brasil, presuntamente en apoyo a la defensa judicial de su padre.
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El STF abrió nuevas investigaciones a Jair y Eduardo Bolsonaro por estos contactos, en una declaración pública de firmeza ante intentos de “obstrucción a la justicia”.
La sesión del STF comenzó con un discurso de apoyo por parte del presidente del tribunal, Luis Roberto Barroso, quien destacó la importancia de actuar “con firmeza y rigor” dentro del debido proceso legal ante los riesgos que enfrenta el país, en clara referencia a las amenazas externas y a la compleja situación institucional en Brasil.
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El juez Gilmar Mendes se sumó con palabras de respaldo a De Moraes, subrayando la necesidad de protección de los principios constitucionales frente a interferencias extranjeras.
El proceso contra Jair Bolsonaro y varios ex colaboradores examina la presunta conspiración para desconocer el resultado electoral de 2022, con posibles penas que podrían alcanzar hasta 40 años de prisión para el ex mandatario. El desenlace del juicio se espera para el segundo semestre del año en curso, conforme al calendario judicial del STF.
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(Con información de AFP, AP, EFE y EP)
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