La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su “profunda preocupación” por el aumento de la violencia y ataques contra periodistas y medios de comunicación en Bolivia, en medio de la creciente tensión electoral que vive el país. Según el organismo con sede en Miami, la mayoría de los ataques provienen del Gobierno de Luis Arce y de los allegados al expresidente Evo Morales (2006-2019).
En ese marco, la organización instó a la administración de Arce, “a fomentar un clima de respeto, a cesar la retórica de descrédito contra la prensa y a garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico”, según un pronunciamiento difundido este lunes.
El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, expresó que “resulta alarmante constatar cómo la violencia y la estigmatización afectan directamente a periodistas y medios en Bolivia. Es indispensable proteger la libertad de prensa, pilar esencial de toda democracia y garantía de que la ciudadanía pueda acceder a información libre y veraz”.
El pronunciamiento de la organización surge luego de uno emitido el 18 de junio por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) en el que denuncian ante la comunidad internacional el creciente hostigamiento contra la prensa. En el documento dirigido a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y al relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se cita que en el primer semestre del año se registraron 51 casos de vulneraciones a la libertad de prensa.
El informe también denuncia que entre 2022 y 2024 la libertad de prensa fue el segundo derecho más vulnerado en Bolivia, con 495 registros, solo por detrás de la afectación a la institucionalidad democrática. “No se trata de hechos aislados. Se evidencia una tendencia sistemática de censura, violencia y criminalización del periodismo”, sostuvieron los gremios. Finalmente pidieron a la comunidad internacional mantenerse vigilante porque “no puede haber democracia sin libertad de prensa, y no puede haber libertad de prensa sin garantías estatales que protejan su ejercicio”.
Entre los casos más recientes denunciados de manera pública están las agresiones a periodistas por parte de los seguidores de Morales, en medio de las protestas que realizaron para intenta forzar su postulación a las elecciones generales de agosto pese a los impedimentos legales que enfrenta. La Asociación Nacional de la Prensa reportó que los bloqueadores amenazaron a periodistas con quemarlos y emboscaron equipos de prensa durante un conflicto en la localidad minera de Llallagua, al norte de Potosí.
También se apuntan casos de hostigamiento judicial por parte de funcionarios públicos y acusaciones contra periodistas y medios, como la que la semana pasada hizo el fiscal General del Estado, Roger Mariaca, a un canal privado de televisión del que dijo que tiene “un afán conspirador”, tras la pregunta de una periodista en una conferencia de prensa.
Violencia e impunidad
El Índice de Chapultepec 2024 de la SIP ubicó a Bolivia en el lugar 18 de 22 países por una “alta restricción” de la prensa que es “indicativa de los múltiples casos de violencia en contra de periodistas y medios, de impunidad ante estos hechos, del cierre de medios y de las crecientes restricciones para informar”.
“El Estado debe asumir su responsabilidad de promover un entorno seguro para el ejercicio del periodismo, desalentar todo tipo de discurso estigmatizante y poner fin a cualquier incitación a la violencia”, manifestó Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, según el comunicado.
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