La frustrada compraventa de la casa de Salvador Allende por parte del Estado sigue trayendo coletazos. Este miércoles se conoció la respuesta del presidente Gabriel Boric a un cuestionario enviado días atrás por la Comisión Especial Investigadora creada para investigar el asunto, en el que aseguró que su participación en el caso fue “acotada” y que nunca fue advertido de “potenciales inhabilidades constitucionales”, declaración que no dejó satisfechos a los parlamentarios de oposición.
Cabe recordar que la noticia de la adquisición -por un valor de 933 millones de pesos (USD 936 mil)- circuló el último día de 2024, pero apenas iniciado el nuevo año estalló el escándalo, pues la Constitución establece que durante el ejercicio de su cargo los ministros y parlamentarios tienen prohibido “celebrar o caucionar contratos con el Estado”, so pena de ser removidos de sus puestos.
La causa se abrió tras una querella por fraude al fisco estampada por la Fundación Fuerza Ciudadana, y todo el asunto fue calificado como un error no forzado o un “autogol” del gobierno de Gabriel Boric, que le costó el puesto a la senadora socialista Isabel Allende - hija de del expresidente Salvador Allende-, a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y a la nieta de Allende y ministra de Defensa, Maya Fernández.
Las críticas
Tras conocerse el testimonio del mandatario, el presidente de dicha comisión, Andrés Longton (RN), señaló que “lo que respondió es insuficiente del punto de vista de que habla primero de que todos los ministros y autoridades prestaron su colaboración en la Comisión Investigadora (lo que es) falso, porque muchos de quienes invitamos (a comparecer) que tenían directa participación y responsabilidad, fueron alejados de sus cargos“.
El diputado trajo a la memoria las recientes declaraciones de la exministra Marcela Sandoval -la primera damnificada al estallar el caso-, quien “dijo que a este Gobierno le faltó tino y que hubo un descriterio en avanzar en esta compra a pesar de lo legal y éticamente reprochable que era esto”.
Longton sostuvo que, a pesar de que el mandatario aseguró que aún se están llevando a cabo sumarios internos, “han pasado varios meses, hubo 17 abogados que revisaron este decreto y la mayoría de ellos continúa en sus cargos”.
De paso, apuntó directamente a la jefa jurídica de la Segpres, Francisca Moya, “quien revisa los decretos para ponerlos en el escritorio del presidente y además es su íntima amiga y probablemente por eso sigue en su cargo“.
A renglón seguido, acusó un “pacto de silencio” al interior del Gobierno para “proteger a ciertas personas, y que si no hubiera sido por las escuchas al señor Crispi, lamentablemente no hubiéramos tenido información valiosa respecto al involucramiento que tuvo la familia Allende en todo el proceso”.
De la misma opinión fue la también integrante de la comisión, Paula Labra (RN), quien indicó que que el Ejecutivo no se hizo cargo “de ninguna de las preguntas que contenía el cuestionario”.
“Hay eventualmente más responsabilidades que aún no se aclaran y todavía, a ciencia cierta, nadie se hace cargo de quién dentro del gobierno impulsó esta iniciativa, a pesar de los vicios constitucionales que evidentemente contenía”, remató.
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