Jorge Glas irá a juicio por desvío de fondos tras terremoto en Ecuador

El conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Boris Aguirre Torres, resolvió llamar a juicio al exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, y al exsecretario técnico de la reconstrucción, Carlos Bernal, por su presunta responsabilidad en el delito de peculado durante la administración de los fondos destinados a la reconstrucción de Manabí tras el terremoto del 16 de abril de 2016.

Según el comunicado oficial emitido por la CNJ la noche del 19 de mayo de 2025, el magistrado validó todas las actuaciones procesales previas y concluyó que existen los elementos necesarios que demuestran la existencia material del delito y la posible participación de Glas y Bernal como autores directos. Como medida adicional, el juez ordenó que se practique una pericia psiquiátrica a Glas en un plazo de 12 días, para evaluar su estado de salud mental conforme al artículo 588 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La causa judicial se basa en una serie de informes de la Contraloría General del Estado y denuncias presentadas por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio en 2019, que evidenciaron posibles desvíos de recursos públicos hacia obras no relacionadas directamente con la emergencia provocada por el terremoto.

Entre los casos señalados están el parque Las Vegas en Portoviejo y la vía Manta-Colisa, proyectos que absorbieron más de USD 110 millones y que, según la Fiscalía, fueron priorizados arbitrariamente, sin justificación técnica ni vínculo con la atención de la catástrofe.

El llamado a juicio solo incluyó a Glas y a Bernal, mientras que otros siete procesados, entre ellos el exministro Walter Solís –refugiado en México– y varios exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas, Inmobiliar y el SECOB, fueron sobreseídos. Esta decisión ha sido apelada por la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

El caso se remonta a la gestión del Comité de Reconstrucción creado por decreto en abril de 2016, cuya presidencia fue asumida por Glas en calidad de vicepresidente de la República. Este comité tenía la responsabilidad de administrar los recursos obtenidos a través de la Ley de Solidaridad, que impuso contribuciones extraordinarias a ciudadanos y empresas, incluyendo un aumento temporal del IVA, aportes sobre salarios, patrimonio y utilidades.

En total, se recaudaron más de USD 1.600 millones en contribuciones internas y se sumaron fondos de cooperación internacional, elevando el monto total destinado a la reconstrucción por encima de los USD 3.000 millones.

La Fiscalía sostiene que el desvío de fondos, del que se acusa a Glas, generó un perjuicio estimado en USD 367 millones al erario nacional.

Este llamado a juicio se suma a los antecedentes judiciales de Glas, quien ya ha sido condenado en dos procesos por corrupción. En diciembre de 2017, fue sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht, tras comprobarse que recibió, a través de intermediarios, más de USD 13 millones en sobornos de la constructora brasileña a cambio de contratos en sectores estratégicos.

En 2020, fue condenado a ocho años de cárcel por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, una red de financiamiento ilegal de campañas electorales del correísmo. Además, había sido condenado en el caso Singue por peculado en un contrato petrolero, pero esa sentencia fue anulada en 2022 por violaciones al debido proceso.

Tras obtener un beneficio de prelibertad en 2022, Glas fue detenido nuevamente en abril de 2024 en el marco del caso de la reconstrucción, después de que intentara obtener asilo político en la embajada de México. Actualmente cumple prisión preventiva por este nuevo proceso penal y es también investigado por intimidación.

La defensa de Jorge Glas ha calificado el llamado a juicio como una persecución política. Su abogada, Sonia Vera García, afirmó en redes sociales que se trata de una imputación que criminaliza decisiones de política pública adoptadas por un órgano colegiado. “No existe ningún indicio de apropiación o desvío de fondos públicos en beneficio propio o de terceros, ni perjuicio al erario nacional, requisitos esenciales para la configuración del delito de peculado”, escribió.

La causa pasará ahora a un tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional, que deberá convocar en los próximos días a la audiencia de juicio. De ser hallados culpables, Glas y Bernal se enfrentan a penas de hasta trece años de prisión, además del pago de una reparación integral al Estado.