El inicio de la gestión de Yamandú Orsi estuvo marcado por la renuncia de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, luego de que reconociera que no pagó los impuestos que correspondían por la casa en la que vivía. Luego, se instaló una polémica similar: Rodrigo Arim, funcionario del equipo económico, no ha regularizado la construcción de su casa de veraneo.
Estas situaciones motivaron que el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani presentara un proyecto de ley que obligue a los funcionarios a estar libres de deudas para ejercer sus cargos. El presidente Orsi se mostró dispuesto a analizar la iniciativa.
En la exposición de motivos del proyecto de ley, Schipani asegura que la iniciativa busca “promover la transparencia, la responsabilidad fiscal y la ejemplaridad en el ejercicio de la función pública”. Establece “como requisito obligatorio la presentación de certificados que acrediten estar al día con las obligaciones tributarias y contributivas por parte de quienes ocupan cargos políticos o de particular confianza”.
El primer artículo establece que todas las personas que asuman alguno de esos cargos –en cualquier organismo estatal, incluidas las empresas públicas– deberán presentar, dentro de los 60 días corridos de la asunción del cargo, los certificados que acrediten no tener deudas con la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social, el Impuesto de Enseñanza Primaria y el Fondo de Solidaridad.
El segundo artículo establece que, si el funcionario no cumple con la presentación del certificado, se le retendrá el “total de los haberes del funcionario hasta que se regularice la situación”.
El diputado que propuso la iniciativa argumenta que la ciudadanía exige que “quienes toman decisiones en nombre del Estado y administran recursos públicos cumplan con sus deberes como contribuyentes”. “No es admisible que se legisle, se gestione o se administre desde el incumplimiento de obligaciones básicas para el país”, expresa la exposición de motivos.
La ley apunta, por tanto, a “garantizar una coherencia mínima entre la responsabilidad pública que se asume y el cumplimiento de las obligaciones personales con el Estado”.
Que la norma establezca una sanción –como la retención de haberes– le da a la ley un “carácter operativo y efectivo” y evitar “que se convierta en una mera declaración sin consecuencias prácticas”, expresa Schipani.
El diputado señala que, de aprobarse el proyecto de ley, la normativa no implicaría ni “discriminación ni exclusión” porque contempla la posibilidad de regularizar deudas y seguir ocupando el cargo mientras transcurre el proceso. “De lo que se trata es de afirmar una regla básica: quien administra los recursos de todos debe, al menos, estar al día con sus propias obligaciones con el Estado”, argumenta el legislador.
“En un contexto de desconfianza hacia la política, esta medida contribuirá a fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y sus representantes, elevando los estándares de integridad pública y reforzando la cultura del cumplimiento”, concluye la exposición de motivos.
El presidente Orsi fue consultado días atrás por esta propuesta y se mostró dispuesto a analizar. Consideró, sin embargo, que no tiene claro si “es necesario” porque las declaraciones juradas de los políticos se presentan ante la Junta de Transparencia y Ética Pública.
“Creo que hay que arrancar por otras cosas, en paralelo. Yo no estoy en descuerdo con eso, pero en la medida que nosotros profundizamos y le damos forma a lo que es el enriquecimiento ilícito, por ejemplo, que tiene que ir de la mano, todo junto, ¿no? No se me ocurre, pero capaz que si lo analizamos me convencen porque también es cierto que somos ciudadanos comunes y corrientes. Y que, a veces, tener una deuda es una situación más o menos normal en nuestro país. Ahora, lo deseable sería que no pasara”, expresó el mandatario, al ser consultado por el proyecto de ley.
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