Mayores restricciones a la libertad de expresión, posibles torturas en prisiones y reiteradas tácticas represivas contra periodistas y activistas son algunas de las violaciones de derechos humanos que subraya el informe anual de Amnistía Internacional (AI), publicado este lunes, en su apartado sobre Cuba.
El documento recoge además el progresivo deterioro de las condiciones socio-económicas en la isla en 2024, en una profunda crisis económica y energética desde hace más de cinco años, con desabastecimiento de alimentos básicos, medicinas y combustible, además de prolongados apagones diarios.
“Hubo patrones alarmantes de violaciones de los derechos humanos contra personas detenidas por disentir con el Gobierno, incluyendo algunas prácticas que podrían considerarse tortura”, enfatiza AI.
La ONG, con sede en Londres, recoge casos de “acoso y maltrato” a presos por motivos políticos por parte del personal de cárceles, “incluida la denegación de una atención médica adecuada, lo que resultó en el deterioro de su salud”. En este último apartado cita los ejemplos de los activistas Loreto Hernández, Pedro Albert y José Daniel Ferrer.
El texto señala así mismo el uso “persistente” de “tácticas represivas contra el disenso” que incluyen la criminalización y el acoso, pero que llegan al “exilio forzado” a activistas, periodistas, defensores de los derechos humanos y familiares de presos", hasta alcanzar niveles “alarmantes”.
En este punto, AI cita el caso del periodista independiente Yuri Valle Roca, en prisión desde 2021 por una condena de cinco años por un delito de propaganda enemiga continuada y su estado de salud se había deteriorado notablemente. El año pasado, Valle Roca marchó al exilio a Estados Unidos.
Libertades de reunión y expresión
La entrada en vigor en octubre pasado de la Ley de Comunicación Social “restringió aún más la libertad de expresión”, señala el informe, que critica que las autoridades tachen a activistas y periodistas de “criminales comunes, mercenarios y agentes extranjeros” y a medios independientes e “influencers” críticos como “terroristas”.
Al menos 20 periodistas y activistas sufrieron la confiscación de sus equipos y fueron amenazados con cargos penales, según AI, que recoge también casos de “detención arbitraria”, como los de la académica crítica Alina Bárbara López y la opositora Berta Soler.
El derecho de reunión también se vio severamente limitado en Cuba en 2024, donde diversas ONG registraron al menos 109 detenciones por participar en protestas, algunos de ellos en La Habana tras los apagones continuados que siguieron al paso del huracán Rafael en noviembre.
El informe también recuerda las sentencias dictadas el año pasado por las protestas de Nuevitas de agosto de 2022, entre las que destaca la de Mayelín Rodríguez Prado, condenada a 15 años de cárcel por transmitir en directo aquella manifestación en redes sociales.
Derechos socioeconómicos
Estas violaciones de derechos políticos se producen en un contexto de creciente deterioro de los derechos sociales y económicos, indica AI, que señala la “reducción de los servicios sociales” (de la cantidad de alimentos subvencionados a la “limitación severa” de servicios médicos) a personas vulnerables, especialmente los mayores.
El informe habla de las “largas colas” para conseguir alimentos básicos y de un “déficit significativo” de medicamentos. También destaca el acceso “restringido” a electricidad y combustible, lo que afecta a la vida en general, de la conservación de alimentos a la suspensión de los servicios educativos y sanitarios.
AI lamenta en este ámbito las reformas legales que han limitado el crecimiento del sector privado en la isla, lo que considera que redunda en el restringido acceso general a bienes y servicios.
(Con información de EFE)
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