La dictadura cubana arrestó a más de 100 personas que iban a recibir ayuda humanitaria por parte del opositor José Daniel Ferrer

En solo 48 horas, entre el martes y el miércoles pasados (1 y 2 de abril), la dictadura cubana detuvo a más de un centenar de personas en Santiago de Cuba para impedir que accedieran a asistencia humanitaria proporcionada por la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), una organización opositora que distribuye alimentos, medicamentos y bienes de primera necesidad en zonas vulnerables del oriente del país. La denuncia fue presentada por la ONG Prisoners Defenders, que calificó el hecho como una “acción coordinada y planificada” por el aparato represivo del Estado.

Las personas arrestadas incluyen a voluntarios de la UNPACU, así como a ciudadanos en situación de indigencia o pobreza extrema que acudieron a la sede de la organización para recibir ayuda. “Estas personas son de una vulnerabilidad extrema, muchos de ellos en situación de indigencia, con problemas de salud severos, madres con hijos desnutridos y personas mayores sin ningún recurso ni ayuda del Estado”, señaló el informe de Prisoners Defenders.

La ONG informó que la mayoría de los detenidos fueron liberados después de ser amenazados, fichados y fotografiados, pero algunos permanecen incomunicados. Entre los casos documentados se encuentran los de Dayron Rodríguez, activista de la UNPACU; Enyer Pérez Pérez, de 30 años; Bárbara Maura, de 76; y varios otros ciudadanos sin filiación política conocida que simplemente intentaban acceder a alimentos o medicinas.

La sede de la UNPACU, liderada por el opositor José Daniel Ferrer, ha sido objeto de vigilancia permanente desde su reactivación como centro de distribución humanitaria.

Ferrer, quien permaneció más de dos años en prisión y fue excarcelado recientemente, ha reanudado sus actividades a pesar de lo que Prisoners Defenders describe como “una de las represiones más sistemáticas y agresivas del régimen cubano”. Desde su liberación, no ha podido salir del perímetro de la sede sin ser detenido nuevamente.

La demanda de ayuda ha aumentado de forma exponencial. Según datos provistos por Ferrer a la ONG, más de 1.200 personas llegan diariamente a las inmediaciones de la UNPACU en busca de apoyo. Esta cifra, sin precedentes para la organización, refleja el deterioro de las condiciones de vida en Cuba. “Los productos que se reparten, que incluyen alimentos básicos y medicamentos, son adquiridos gracias a las donaciones de la diáspora cubana y de voluntarios internacionales”, explicó Prisoners Defenders.

El régimen respondió con múltiples medidas de presión: desde instalar cámaras de vigilancia y amenazar a los activistas, hasta aplicar multas a los comerciantes que colaboran con la organización opositora. “La policía política ha citado, multado y amenazado a comerciantes, panaderos y otras personas que aportan ayuda o bienes que se entregan a la población más pobre”, detalló el documento.

Prisoners Defenders contextualizó este episodio dentro de un patrón más amplio de represión contra los sectores más desfavorecidos y las organizaciones de la sociedad civil.

En diciembre de 2024, la ONG y el Consorcio Justicia presentaron una denuncia ante Naciones Unidas en la que se documentaban “detenciones arbitrarias indiscriminadas” contra civiles durante manifestaciones pacíficas. En esa ocasión, ambos organismos advirtieron sobre un sistema que castiga no solo la disidencia política, sino cualquier forma de organización autónoma de la sociedad.

En el caso reciente, la represión no solo se dirige contra activistas o líderes opositores, sino también contra los beneficiarios de la ayuda. “El régimen, al ver la magnitud del respaldo popular hacia la iniciativa, ha optado por detener y amedrentar también a quienes simplemente acuden a recibir una bolsa de arroz o un antibiótico”, afirmó el texto.

A pesar de las detenciones, José Daniel Ferrer y su equipo continúan con la labor humanitaria, que consideran vital ante la ausencia de un sistema estatal capaz de atender la emergencia social. “Vamos a seguir ayudando a los más necesitados, pase lo que pase”, expresó Ferrer, según fuentes citadas por la ONG.

Las detenciones masivas ocurridas esta semana reavivan los cuestionamientos internacionales sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. En un contexto de creciente crisis económica, la criminalización de la ayuda humanitaria representa un nuevo nivel de hostigamiento estatal, advirtió Prisoners Defenders, que ya prepara una nueva denuncia ante organismos internacionales.

“La comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante un Estado que impide por la fuerza el acceso de su población más pobre a alimentos y medicinas”, concluyó el informe.

Denunciaron al menos 283 acciones represivas en marzo

Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que, en marzo, se registraron al menos 283 acciones represivas contra la población civil en Cuba, de las cuales 84 fueron detenciones arbitrarias y 199 otros abusos.

Entre las principales violaciones aparecen sitios de viviendas de activistas, amenazas, abusos contra presos políticos y comunes, hostigamientos, citaciones policiales e impedimentos a la libertad religiosa.

Las provincias más afectadas fueron Matanzas, La Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba. El 52% de las acciones represivas se produjeron contra mujeres, remarcó el reporte.

“Aumenta la represión con respecto a enero y febrero, cuando ocurrieron 152 y 139 acciones represivas, respectivamente. El foco de interés de las acciones operativas de la policía política está principalmente en las actividades de las Damas de Blanco y en las iniciativas humanitarias impulsadas por líderes opositores y de la sociedad civil. Igualmente, continúan los abusos en el sistema penitenciario”, denunció el OCDH.