
El presidente de Bolivia, Luis Arce, negó que en el país existan “persecuciones políticas” luego de que el ex mandatario Evo Morales (2006-2019) acusara abiertamente al Gobierno de estar detrás de la muerte de un dirigente campesino que fue abatido a tiros por la Policía el pasado 26 de marzo en la localidad de Ivirgarzama, en su bastión político y sindical al centro del país.
“No existe ninguna persecución política. Sabemos que el arma que tiene el evismo es victimizarse, lamentamos que sigan utilizando eso, pero en este caso yo creo que hay que ser mucho más responsables con la población”, manifestó Arce en una rueda de prensa.
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El asesinato de Jhonny Cruz, un dirigente joven de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y el ex mandatario. Cruz murió tras recibir disparos de la Policía en medio de un operativo para detener a un supuesto integrante de una red de crimen organizado.

“Nuestras más sinceras condolencias a la familia de nuestro querido hermano Jhonny Cruz, dirigente nacional de la Secretaría de Juventudes de la Csutcb, víctima de un asesinato planificado por el Gobierno con dos disparos”, escribió Morales en sus redes sociales.
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Según la versión del ex mandatario, Cruz fue interceptado por un vehículo sin placa del que bajaron agentes policiales con el objetivo de detener a uno de sus acompañantes cuando abrieron fuego en contra del dirigente. El líder cocalero señaló, en conferencia de prensa, que tiene videos que respaldan esa versión y dio un plazo de 48 horas para que se aprehendan a los responsables del hecho.
La versión inicial de la Policía atribuyó la balacera a un acto de defensa propia y dijo que el dirigente estaba armado. Sin embargo, la semana pasada el ministro de Gobierno (Seguridad), Eduardo Del Castillo, informó que se evidenciaron contradicciones en las declaraciones de los agentes que participaron en el operativo y que el informe forense reveló que uno de los disparos contra la víctima fue por la espalda, lo que “hace presumir el uso desproporcionado de la fuerza por legítima defensa”.
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De igual forma, los investigadores no lograron encontrar el arma que supuestamente portaba Cruz en el momento en el que fue abatido.

El ministro Del Castillo anunció la aprehensión de los tres policías implicados en la balacera y la Justicia dictaminó su detención preventiva por seis meses en una cárcel de Cochabamba, mientras se desarrollan las investigaciones por la muerte del dirigente campesino.
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Tras el hecho, algunos aliados de Morales sugirieron legalizar el uso de armas de fuego en la región cocalera del país bajo el argumento de que deben protegerse de la Policía Boliviana. Al respecto, el presidente Arce afirmó que “la violencia no se resuelve con más violencia” y pidió esperar a que se realicen las investigaciones para tener “claridad” sobre el caso.
Según informó el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, en la audiencia de medidas cautelares realizada este domingo se determinó que existe la probabilidad que los tres agentes sean autores del delito de homicidio del dirigente.
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“Los resultados de la autopsia realizada a la víctima y las contradicciones en las declaraciones de los tres aprehendidos fueron determinantes para demostrar que los sospechosos son con probabilidad autores del delito investigado”, explicó.
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