La inhóspita selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, dejó de servir como corredor de paso de migrantes que buscan el sueño americano, afirmó este jueves el presidente panameño José Raúl Mulino.
El flujo de migrantes que transitan por esta jungla ha caído a niveles ínfimos por el temor a las deportaciones masivas ordenadas por el gobierno del republicano Donald Trump, tras servir de ruta en los pasados tres años a un millón de caminantes que iban hacia Estados Unidos.
“Cerramos una operación que comenzó en el año 2016”, cuando aumentó notoriamente la migración en el Darién, dijo Mulino en rueda de prensa. “Hoy en marzo llegamos a 112 (migrantes que cruzaron el Darién), es una disminución importantísima”, añadió.
El gobierno panameño y agencias de la ONU instalaron puestos para asistir a los migrantes en esta selva de 266 km de longitud y 575.000 hectáreas de superficie, por donde cruzaban mayoritariamente venezolanos, y muchos de ellos niños y ancianos.
Debido a la reducción del flujo de migrantes, Panamá comenzó a desarmar los campamentos de asistencia.
Ahora “viene el otro flujo, el que viene del norte, que comienza a subir”, señaló Mulino en alusión a los emigrantes que, tras descartar ir a Estados Unidos por temor a las deportaciones, regresan desde México y otras naciones centroamericanas rumbo a Sudamérica.
Estos migrantes, sin embargo, no deben cruzar la selva para llegar a Colombia, sino que viajan en lanchas que contratan en pequeños puertos caribeños de Panamá.
“No permitiremos más migrantes en esa zona de Darién”, advirtió Mulino, quien durante la campaña electoral de 2024 había prometido “cerrar” esta ruta migratoria.
Panamá aceptó servir de “puente” para migrantes deportados por Estados Unidos, al igual que Guatemala y Costa Rica.
En febrero, llegaron 299 deportados a Panamá, mayoritariamente asiáticos, y los que no aceptaron ser repatriados fueron enviados temporalmente a un albergue en la provincia de Darién.
Tras críticas de grupos defensores de derechos humanos de que el refugio era un “centro de detención”, el gobierno autorizó a 112 migrantes a salir a gestionar visas para otros países.
El fin de semana 65 de ellos llegaron a la Ciudad de Panamá, donde tienen tres meses para conseguir un país que los acoja. Si no se han marchado en ese plazo, “serán expulsados o deportados”, según el gobierno.
Varios han dicho que no desean volver a sus países de origen porque corren peligro y que no les queda dinero.
(Con información de AFP)
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