El Supremo Tribunal de Brasil multó a la red social X por no cumplir una orden judicial por fake news

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) multó a la red social X con 8,1 millones de reales (alrededor de USD 1,4 millones) por incumplir una orden judicial, según difundió este jueves la más alta corte del país.

El magistrado Alexandre de Moraes instó a la plataforma propiedad del magnate Elon Musk al pago “inmediato” del monto, por negarse a suministrar los datos de registro de una cuenta del bloguero ultra Allan dos Santos, seguidor del ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022).

En julio del año pasado, De Moraes pidió a la plataforma el bloqueo del perfil del bloguero, así como informaciones vinculadas a la cuenta, al considerar que en ella se difundían noticias falsas.

En respuesta a la petición, la red social bloqueó la cuenta, pero afirmó que las operadoras de X “no recogen” datos de registro, explicación que fue rechazada por el tribunal.

La multa llega después de que la empresa de comunicación del presidente estadounidense, Donald Trump, y la plataforma de videos Rumble presentaran una denuncia en EEUU contra De Moraes bajo el argumento de que censura ilegalmente a influenciadores ultras, según publicó el miércoles el diario The New York Times.

Por otra parte, las tensiones entre X y el Supremo alcanzaron su punto culminante en agosto del año pasado cuando la red social fue bloqueada en Brasil debido a la negativa de Musk a cumplir las órdenes judiciales.

Además, el magnate cerró la oficina de la plataforma en el país sudamericano, acusó a De Moraes de ser un “dictador con toga” y alentó manifestaciones de la ultraderecha brasileña que pedían un juicio político contra el magistrado.

Poco más de un mes después del bloqueo, la empresa dio marcha atrás, pagó una multa de 28,6 millones de reales y se comprometió a respetar las decisiones judiciales.

Brasil es escenario de una espiral de tensiones políticas.

Bolsonaro, de 69 años, fue acusado esta semana de “golpe de Estado”, “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “organización criminal armada” para impedir la asunción del presidente Lula da Silva tras las elecciones de finales de 2022.

El ex mandatario, inhabilitado hasta 2030, niega las acusaciones y, al igual que Trump, se considera perseguido por la justicia. De Moraes debe abrir un plazo para que la defensa plantee posibles cuestionamientos, antes de analizar los argumentos de las partes. Luego la corte determinará si Bolsonaro y otros imputados pasan a ser juzgados.

(Con información de AFP y EFE)