
Marisol Romero Zamora, directora del Sistema DIF de Temoac y viuda del alcalde Valentín Lavín Romero, podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión si es declarada culpable del delito de extorsión agravada, luego de que una jueza la vinculara a proceso por su presunta participación en ese ilícito.
Además de la pena privativa de la libertad, el Código Penal de Morelos establece para este delito una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que con el valor vigente para 2026 equivale aproximadamente a entre 119 mil y 239 mil pesos.
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En caso de tratarse de un servidor público, la legislación también contempla la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones públicas por un periodo igual al de la pena de prisión que se imponga.
La resolución judicial fue emitida durante una audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Cuautla. La jueza determinó que Romero Zamora enfrentará el proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
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En contraste, el director de la Policía Municipal de Temoac, Geovany Emanuel González Morellano, quedó en libertad después de que la juzgadora concluyera que los elementos presentados por el Ministerio Público eran insuficientes para vincularlo a proceso.
De acuerdo con la carpeta de investigación, ambos funcionarios acudieron presuntamente con dos personas que previamente habían sido agredidas para exigirles dinero a cambio de no volver a hacerles daño. Por estos hechos, la Fiscalía les imputó el delito de extorsión agravada.
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Durante la audiencia, la defensa de González Morellano argumentó que la acusación carecía de precisión y que la representación social no logró establecer aspectos relevantes de la imputación, entre ellos el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos. Tras valorar los argumentos de ambas partes, la jueza resolvió no sujetarlo a proceso penal.

En el caso de Marisol Romero Zamora, la autoridad judicial consideró que existían datos suficientes para continuar con el procedimiento, por lo que permanecerá en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.
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¿Qué castiga el delito de extorsión agravada en Morelos?
La legislación de Morelos establece que la extorsión agravada se sanciona con penas de entre 15 y 20 años de prisión, además de una multa de mil a dos mil UMAs, equivalente actualmente a alrededor de 119 mil a 239 mil pesos.
Cuando la persona responsable es un servidor público, la ley prevé sanciones adicionales, entre ellas la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar empleos, cargos o comisiones públicas durante un periodo igual al de la pena de prisión que eventualmente se imponga.
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La vinculación a proceso, sin embargo, no implica una sentencia condenatoria. Durante las siguientes etapas del proceso penal, el Ministerio Público deberá acreditar la presunta responsabilidad de la funcionaria y será un juez quien determine, con base en las pruebas desahogadas, si existe responsabilidad penal.
Las investigaciones continúan para determinar la posible participación de otras personas en los hechos. Entre las líneas de investigación se encuentra la presunta operación de un grupo identificado como Los Aparicio, con presencia en la comunidad de Huazulco.
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Hasta el momento, las autoridades no han informado que la carpeta de investigación por extorsión agravada tenga una relación jurídica con el homicidio de Valentín Lavín Romero, quien fue asesinado el pasado 22 de julio al interior de la Presidencia Municipal de Temoac.
Conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Marisol Romero Zamora se presume inocente y deberá ser considerada como tal mientras no exista una sentencia condenatoria firme en su contra.
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El entorno de violencia que marcó el gobierno de Valentín Lavín Romero
El asesinato de Valentín Lavín Romero, ocurrido el pasado 22 de julio dentro de la Presidencia Municipal de Temoac, se convirtió en el desenlace de una serie de hechos violentos que rodearon su trayectoria política desde que fue electo por primera vez como alcalde.
De acuerdo con las investigaciones, un grupo de hombres armados llegó en motocicleta hasta la sede del Ayuntamiento, ingresó al inmueble y disparó contra el edil, quien militaba en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Aunque fue trasladado con vida para recibir atención médica, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó horas después su fallecimiento.
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Aunque las autoridades no han establecido un vínculo entre ese homicidio y la investigación por extorsión en la que fue vinculada a proceso su viuda, Marisol Romero Zamora, el crimen del alcalde ocurrió en un contexto de violencia que lo acompañó durante sus administraciones municipales.
Del asesinato de tres familiares a los atentados en su contra
La violencia alrededor de Valentín Lavín Romero comenzó incluso antes de que asumiera por primera vez la alcaldía. En septiembre de 2018, pocos días después de haber sido electo presidente municipal, tres integrantes de su familia fueron asesinados cuando un grupo armado irrumpió en una vivienda ubicada en la comunidad de Huazulco.
El ataque dejó como víctimas a Isabel “N”, de 89 años; Eva “N”, de 58 años, y una niña de siete años identificada con las iniciales LYCR. Las investigaciones señalaron que la familia tenía vínculos con un hombre conocido como “El Hasan”, quien enfrentaba un proceso penal por el homicidio de cuatro personas.
Pese a esos hechos, Lavín Romero asumió la alcaldía en enero de 2019 y concluyó su primer periodo en 2021. Posteriormente regresó al cargo para encabezar la administración municipal correspondiente al periodo 2025-2027.
Atentados, amenazas y señalamientos antes del asesinato
El primer atentado directo contra el alcalde ocurrió el 31 de enero de 2026, cuando fue atacado a balazos mientras circulaba sobre la carretera federal México-Oaxaca, a la altura de la comunidad de Amayuca, en el municipio de Jantetelco.
El edil resultó herido y fue trasladado a un hospital, por lo que solicitó licencia temporal al cargo mientras se recuperaba. Cerca de un mes después retomó sus funciones al frente del Ayuntamiento.
Meses más tarde, el 2 de mayo, apareció una narcomanta en la zona centro de Temoac con amenazas dirigidas al alcalde. En el mensaje se le acusaba de no “alinearse” y de brindar protección a presuntos integrantes de grupos rivales dedicados a la extorsión.
La advertencia concluía con frases como: “O te alineas o te alineas, vamos por todos (...) llegamos para quedarnos. La limpia ya comenzó”, según reportó El Diario de Juárez.
A ese episodio se sumaron ataques armados registrados durante marzo de 2026 contra negocios que medios locales identificaron como propiedad del alcalde, entre ellos la ferretería El Gallo, donde únicamente se reportaron daños materiales.
En ese mismo contexto, a finales de 2024 fue detenida Andrea Angelina “N”, extesorera del Ayuntamiento de Temoac e identificada como suegra del alcalde. La mujer fue acusada de secuestro exprés agravado y señalada por las autoridades como presunta integrante del grupo delictivo Los Aparicio.
Su nombre también apareció en una denuncia presentada por familiares de la activista Sandra Rosa Camacho Flores, asesinada el 26 de marzo de 2026 en Temoac, quienes señalaron al entonces alcalde como presunto responsable del crimen. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre una resolución judicial derivada de esos señalamientos.
El ataque que terminó con su vida
Poco más de dos meses después de la aparición de la narcomanta, Valentín Lavín Romero fue asesinado dentro de la Presidencia Municipal de Temoac.
El ataque ocurrió alrededor del mediodía del 22 de julio, cuando hombres armados ingresaron al edificio y dispararon contra el alcalde. Tras confirmarse su muerte, la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Morelos se declaró en sesión permanente.
El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, informó el despliegue de un operativo con fuerzas federales, estatales y municipales en Temoac y localidades cercanas para intentar localizar a los responsables del homicidio.
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