La nueva Asamblea Nacional de Ecuador, que asumirá sus funciones el 14 de mayo de 2025, estará marcada por una división casi bipartidista entre el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), liderado por el actual presidente Daniel Noboa, y el partido Revolución Ciudadana (RC), del expresidente Rafael Correa. Ninguno de los dos bloques alcanzó la mayoría absoluta, lo que los obligará a buscar acuerdos con legisladores de otras fuerzas para garantizar gobernabilidad.
Según los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), que continúa con el escrutinio, ADN obtendría 66 escaños en la Asamblea Nacional, mientras que Revolución Ciudadana alcanzaría 67 curules. Dado que la nueva mayoría legislativa se define con al menos 76 votos, tanto Noboa como el correísmo necesitarán alianzas con los bloques minoritarios para impulsar sus agendas.
Entre las fuerzas restantes están Pachakutik, que logró ocho escaños, el Partido Social Cristiano (PSC), que apenas consiguió cinco, y Construye, con un solo representante. Los legisladores de los movimientos locales y alianzas minoritarias suman cuatro escaños en total. Aún restan por asignarse dos curules de la circunscripción de Latinoamérica, El Caribe y África, debido a retrasos en el escrutinio.
La composición de la Asamblea representa un cambio drástico respecto al Congreso electo en 2023, en el que ADN comenzó con un bloque minoritario y fue sumando adhesiones a lo largo del tiempo mediante los llamados “camisetazos”, en los que legisladores cambiaban de bancada, algo que es sumamente frecuente en la política ecuatoriana.
Con la configuración actual, ningún partido podrá imponer su agenda sin buscar consensos. ADN y RC deberán negociar con al menos 10 legisladores de otras agrupaciones para alcanzar la mayoría necesaria de 76 votos. Pachakutik y el PSC podrían convertirse en fuerzas clave en este escenario, actuando como bancadas bisagra.
La conformación del Congreso también abre interrogantes sobre la estabilidad política del país. Noboa, quien se enfrentará en la segunda vuelta electoral por la Presidencia, podría encontrar dificultades para gobernar si su movimiento no logra alianzas firmes en la Asamblea. Por su parte, el correísmo tendrá que negociar para impulsar sus proyectos legislativos, en un contexto en el que su principal líder, Rafael Correa, sigue con una orden de encarcelamiento por su condena de cohecho agravado.
De acuerdo con la Constitución ecuatoriana, la Asamblea Nacional debe posesionarse el 14 de mayo, es decir, 10 días antes de la toma de posesión del nuevo presidente, programada para el 24 de mayo. Esta disposición permite que el Legislativo se organice antes del inicio del próximo mandato presidencial. Para la sesión inaugural de la nueva Asamblea se prevé que la presidencia provisional recaiga en Anabella Azín, madre del presidente Noboa, quien fue elegida como asambleísta nacional por ADN. Esto porque la constitución establece que el candidato que obtuvo mayor cantidad de votos debe dirigir la primera sesión hasta que se elija al presidente de la Asamblea y a los demás miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
La presencia de Azín en este rol genera diversas lecturas políticas, ya que su papel en la Asamblea podría interpretarse como un respaldo directo a la agenda del gobierno de su hijo. Sin embargo, su designación es un procedimiento establecido en la normativa ecuatoriana.
La distribución de fuerzas en la Asamblea también quedará más claro conforme los movimientos políticos expresen su respaldo a Noboa o a González para el balotaje. Las negociaciones podrían llevar a acuerdos temporales sobre temas específicos o incluso a una alianza más estable que otorgue gobernabilidad al Ejecutivo. Por ejemplo, cuando Noboa asumió en el 2023, en el legislativo la bancada oficialista entró con una alianza que incluyó al correísmo y al Partido Social Cristiano, pero que rápidamente se rompió.
El control de las comisiones legislativas también será una batalla estratégica para ADN y RC. Estas instancias tienen un rol clave en la elaboración de leyes y en el control político sobre el Ejecutivo. La disputa por la Comisión de Fiscalización, encargada de investigar y procesar los juicios políticos contra funcionarios, será especialmente relevante en un contexto de alta polarización.
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