Sectores productivos de Bolivia realizan marchas y huelgas en rechazo a una disposición sobre el decomiso de productos

En al menos tres ciudades de Bolivia se realizan marchas y huelgas este lunes, en rechazo a una disposición del Presupuesto General del Estado (PGE) que permite el decomiso de productos y mercadería en caso de que se evidencie un incremento injustificado del precio o acopio ilegal.

Desde temprano en la mañana, en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra se realizaron concentraciones y marchas de gremiales, productores, transportistas, industriales, empresarios y exportadores a través de las diferentes instituciones estatales para exigir la abrogación del artículo. Sin embargo, como se anunció la semana pasada, no se realizaron bloqueos de calles ni carreteras.

“No tenemos dólares, no tenemos combustibles, el precio de producción es alto y ahora una intervención a la propiedad privada con esta disposición. Creo que toda la cadena productiva necesita que sea derogada”, afirmó Klaus Frerking, presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), al diario boliviano La Razón.

La polémica disposición del PGE autoriza a los funcionarios estatales a realizar el decomiso y confiscación de productos y alimentos que se acopien con el objetivo de venderse a un precio más elevado en un futuro próximo, a raíz de que el año pasado se evidenciara un incremento en el precio de productos como el arroz o el aceite.

El Gobierno sostiene que la medida es para garantizar el mercado interno a precios justos y controlar actividades delictivas como el agio, la especulación y la venta ilegal en las fronteras, por lo que también se ha dispuesto un plan para reforzar controles fronterizos. La administración de Luis Arce, ha manifestado que no está facultado a derogar un artículo de la ley pese a que ésta fue aprobada mediante Decreto Supremo y les ofreció negociar la reglamentación.

Sin embargo, los diversos sectores económicos consideran que la norma atenta contra la propiedad privada y se puede aplicar de manera arbitraria, por lo que no aceptaron la invitación al diálogo y exigieron su abrogación.

Édgar Álvarez, dirigente de los gremiales, indicó al diario El Deber que esta es una primera medida de presión y que determinarán más acciones hasta lograr la atención de su demanda. “Nos hemos preparado para esta marcha multisectorial, porque el Gobierno debe entender que debe derogar esta disposición que afecta a los productores, transportistas, comerciantes y exportadores. No queremos perjudicar la economía ni a la población, por eso no estamos bloqueando, pero nuestra voz debe ser escuchada. No asistiremos a ningún diálogo hasta que la disposición sea eliminada”, afirmó Álvarez.

Bolivia enfrenta desde inicios de 2023 una crisis económica que se ha ido acentuando con los meses. El año pasado cerró con las inflación más alta de los últimos 16 años y el incremento de los precios de la canasta básica no ha parado de subir, lo que ha llevado al Gobierno a suspender temporalmente la exportación de algunos productos alimenticios para garantizar el abastecimiento interno y evitar el alza en los precios.

A esto se suma el desabastecimiento periódico de combustibles, la falta de dólares y el surgimiento de un mercado paralelo de divisas donde la moneda norteamericana se cotiza a casi el doble del tipo de cambio oficial.

“El Gobierno de Arce pretende meterle mano al bolsillo del pueblo y hoy los ciudadanos han salido a decirle que no. Esta protesta es legítima y legal, pero sobre todo necesaria”, manifestó este lunes por la mañana Stello Cochamanidis, vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz que se sumó a la protesta.