La ONU advirtió sobre la reciente reforma constitucional en Nicaragua y pidió su revisión: “Refuerza los mecanismos de represión”

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió nuevamente sobre la reforma constitucional aprobada por el Parlamento de Nicaragua este jueves y pidió su inmediata revisión y reversión por su naturaleza autoritaria.

Los cambios “ahondarán el retroceso en el área de los derechos políticos y civiles” y causarán una grave erosión en el sistema de control y equilibrio de poderes, que ya era frágil en el país, explicó el portavoz del organismo de Naciones Unidas, Jeremy Laurence.

Estas acciones “reforzarán los mecanismos de control y represión” contra la sociedad y las organizaciones en Nicaragua, insistió el vocero, en un intento por enfatizar en la necesidad de revertirlas.

Este jueves el Parlamento nicaragüense, conformado por legisladores oficialistas, concluyó la aprobación de un paquete de reformas a la Constitución planteadas semanas atrás, cuyo objetivo es reforzar el control de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre todos los poderes del Estado.

El texto, que solo resta ser publicado en el boletín oficial para su entrada en vigor, amplía el período presidencial de cinco a seis años y cambia el cargo de la vicepresidente Murillo a “copresidenta”, lo que la acerca aún más a la conducción del país dado que, ante la muerte de uno de los “copresidentes”, el otro asumirá el cargo sin mediar elecciones de por medio.

Asimismo, tanto Ortega como Murillo pueden nombrar a un número ilimitado de vicepresidentes que, según se especula, serían en su mayoría para sus ocho hijos, que ya se desempeñan en cargos del Gobierno.

Por otro lado, la nueva Constitución encarga a la presidencia la “coordinación” de las funciones judiciales y legislativas, lo que le permite intervenir en estos ámbitos normalmente independientes del Ejecutivo, y también le permite ordenar al Ejército intervenciones en apoyo a la policía o a los agentes ocupar temporalmente cargos del Gobierno, de ser necesario.

Por último, el texto aumenta el control del régimen sobre los medios de comunicación, lo que podría derivar en una mayor persecución y censura a las voces disidentes en el país, y define que “las y los traidores a la patria pierdan la nacionalidad nicaragüense”, algo que el binomio autoritario ya ha realizado en 452 oportunidades contra sus nacionales.

La víspera, al conocerse el último visto bueno de los legisladores, Reed Brody, uno de los expertos de la ONU que investiga los abusos de los derechos humanos en el país, repudió nuevamente esta maniobra del oficialismo sandinista y pidió acciones urgentes para limitar el accionar de este “régimen totalmente autoritario”.

El régimen Ortega-Murillo “ha consagrado y afianzado su poder absoluto. Ahora controlan el Poder Judicial, el Legislativo y el aparato electoral, con poder para suspender los derechos, desplegar el Ejército en operaciones policiales y utilizar a los llamados ‘policías voluntarios’ como tropas de choque”, comenzó denunciado el abogado.

“Estos grotescos cambios suponen la sentencia de muerte para el Estado de derecho y las libertades básicas en Nicaragua, destruyendo lo poco que queda de los controles y equilibrios del Poder Ejecutivo, oficializando el cierre del espacio cívico y garantizando que los ciudadanos no tengan a dónde recurrir cuando sus derechos sean violados”, lamentó a continuación.

(Con información de EFE)