El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Lofredo, ha negado este lunes que la detención de los cuatro jóvenes del barrio Las Malvinas -aún en paradero desconocido- fuera parte de una operación del Ejército, sino que estuvo motivada por un “presunto acto de flagrancia” de los involucrados.
Lofredo ha comparecido junto a la cúpula de las Fuerzas Armadas en una comisión de la Asamblea para dar más detalles de lo ocurrido aquel 8 de diciembre, cuando una patrulla del Ejército detuvo en este barrio situado en el sur de Guayaquil a cuatro jóvenes de entre 11 y 15 años y cuyo paradero es aún desconocido.
“La aprehensión de los adolescentes no fue parte de una operación”, ha explicado Lofredo, quien ha asegurado que los militares regresaban a la base de Taula cuando sorprendieron a los implicados cometiendo un supuesto delito y actuaron cumpliendo con su “deber ciudadano” deteniéndoles.
En paralelo a su intervención, la ONG ecuatoriana Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) ha solicitado a la Asamblea que ponga en marcha un proceso de ‘impeachment’ contra el ministro de Defensa, sumándose así a la presentada también por la principal fuerza de la oposición Revolución Ciudadana.
Más de 20 días después de la desaparición de los cuatro adolescentes, una juez reconoció que se produjo una “desaparición forzada” con responsabilidad del Estado tras aceptar un recurso presentado por las familias, que han denunciado la inacción de las autoridades a pesar de que hay imágenes de lo ocurrido.
Las imágenes que se difundieron la semana pasada muestran como varios militares detienen a dos estos niños cerca de un centro comercial, los golpean y suben a una camioneta. El martes 19 de diciembre, se encontraron cuatro cadáveres calcinados cerca de la base área del Ejército en Taura, a 30 kilómetros de Guayaquil.
A la espera de conocer la identidad de estos cuatro cadáveres, que podría alargarse hasta un mes debido al avanzado estado de descomposición, son 16 militares los que están siendo investigados y se espera que sean acusados formalmente por delitos de desaparición forzada.
Los militares dieron una entrevista en la que afirmaron que los jóvenes fueron detenidos por un supuesto robo a una mujer. Cuando estaban siendo trasladados al puesto policial más cercano recibieron una llamada sobre una pelea multitudinaria, por lo que decidieron soltarles “sanos y salvos” para poder atenderla.
El caso ha vuelto a poner en cuestión la militarización del Estado por parte de el presidente Daniel Noboa, quien decretó el estado de conflicto armado interno en enero de 2024 para combatir al crimen organizado. Desde entonces, el Ejército se ha visto involucrado en al menos diez desapariciones.
El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (ONU) emitió el martes pasado un conjunto de medidas urgentes al Estado ecuatoriano para acelerar la búsqueda y localización de los cuatro menores.
El Comité instó a Ecuador a desarrollar “de forma urgente” una estrategia integral que contemple un plan de acción y un cronograma claro para encontrar a los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y a sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11).
(Con información de EP y EFE)
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