Ecuador: el congreso pidió suspender la construcción de una cárcel en Archidona en medio de protestas de comunidades locales

El Legislativo exhortó al presidente Daniel Noboa y al servicio de cárceles a reconsiderar el proyecto penitenciario en Napo. Mientras tanto, el Gobierno avanza con su plan de seguridad, que incluye la construcción de prisiones para superar el hacinamiento

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El pleno de la Asamblea
El pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuado, en una fotografía de archivo. EFE/José Jácome

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que exhorta al presidente de la República, Daniel Noboa, y al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), encargado de las prisiones, a reconsiderar la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en el cantón Archidona, provincia de Napo, en la Amazonía ecuatoriana. Esta decisión llegó tras nueve días consecutivos de protestas lideradas por comunidades indígenas Kichwas, que consideran que el proyecto afecta sus derechos y pone en riesgo el equilibrio social, cultural y ambiental de la zona.

La cárcel propuesta en Archidona es un proyecto que se suma a otras iniciativas impulsadas por el Gobierno en el marco de su plan nacional de seguridad. Actualmente, ya está en construcción una cárcel de máxima seguridad “Encuentro” en Santa Elena, en la Costa ecuatoriana, anunciada en junio de este año como un modelo inspirado en el sistema penitenciario de los Estados Unidos. Este proyecto, según informó el presidente Noboa, busca albergar a los reos de mayor peligrosidad en un entorno completamente controlado y con altos estándares de seguridad, como parte de un esfuerzo por recuperar el control del sistema penitenciario y enfrentar el crimen organizado. Cuando el gobierno anunció la construcción de esa prisión, también hubo resistencia por parte de la comunidad Bajada de Chanduy, en la provincia costera.

La propuesta de Archidona, adjudicada por un contrato de USD 51,9 millones a la empresa china CAMCE, según reportó Primicias, ha generado fuerte rechazo entre los habitantes del cantón. Las comunidades locales han argumentado que no fueron consultadas de manera previa, libre e informada, tal como lo exige la Constitución del Ecuador y el Convenio 169 de la OIT, un derecho fundamental de los pueblos indígenas.

Por más de una semana
Por más de una semana se han realizado protestas consecutivas en Archidona. Los pobladores están en contra de la construcción de una prisión. (X/Álvaro Martín)

El plan de seguridad del Gobierno, del cual forma parte la construcción de cárceles como la de Santa Elena y la propuesta en Archidona, tiene como objetivo central abordar las causas de la crisis penitenciaria en Ecuador. Entre sus pilares se encuentra la reducción del hacinamiento, que supera el 30% en las cárceles actuales, y la implementación de nuevas medidas de rehabilitación social. Las autoridades también han enfatizado la necesidad de fortalecer la seguridad interna de las cárceles, afectadas por la influencia de organizaciones criminales. El Ejecutivo ha enfatizado que el plan de seguridad del presidente Noboa se enfoca en la lucha contra el crimen organizado, donde uno de los ejes es la estabilización del sistema penitenciario. La administración de Noboa ha subrayado que la infraestructura penitenciaria es solo una parte de una estrategia de seguridad que también incluye incluso reformas constitucionales, como que se permita la presencia de bases militares extranjeras para la lucha contra el narcotráfico.

Por otro lado, las comunidades de Archidona han mantenido medidas de resistencia pacífica, como el cierre de vías principales, para exigir la suspensión del proyecto. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ha respaldado estas acciones señalando que las provincias amazónicas tienen otras demandas por lo que exigen “priorizar las verdaderas necesidades de los pueblos y nacionalidades, como salud, educación, vialidad, producción y desarrollo comunitario”.

En este contexto, Justina Zambrano, subsecretaria de Gobernabilidad, destacó la importancia del diálogo con las comunidades afectadas y las autoridades locales: “Para nosotros ha sido necesario extender este diálogo con las comunidades, las organizaciones sociales indígenas y las autoridades locales. Hemos escuchado su sentir, pero también el sentir de nuestras máximas autoridades. En un diálogo profundo, entendemos sus preocupaciones, pero también debemos cumplir con los convenios internacionales en materia de seguridad”, señaló en una declaración a los medios locales. “Para el Presidente de la República es una prioridad la seguridad del país, y se ha decidido mantener el proyecto en el lugar en el que se encuentra, con la inversión sostenida. Invitamos a no cerrar el diálogo y a que las medidas de resistencia puedan ser controladas”, aseguró. Zambrano explicó que el Gobierno seguirá comprometido con otros proyectos para la Amazonía, enfatizando la gestión pública a favor de la región.

Fotografía cedida por la Presidencia
Fotografía cedida por la Presidencia de Ecuador del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa (c), observando una maqueta de la cárcel que se encuentra en construcción en Santa Elena (Ecuador). EFE/ Presidencia de Ecuador

Sin embargo, el mandatario ecuatoriano, en un discurso pronunciado el 10 de diciembre, se refirió a las acciones de seguridad que impulsa el gobierno. “Nos hemos convertido en la principal amenaza para los criminales, para los pillos también porque no estamos dispuestos a negociar con los narcoterroristas, con los corruptos... Vamos a ganar esta guerra y no descansaremos hasta recuperar la paz y la seguridad del Ecuador. No vamos a permitir que los viejos políticos, aliados de los criminales regresen para robar nuestro futuro”, dijo Noboa durante el despliegue de seguridad en Machala, provincia de El Oro.

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