En lo que va del año, el Gobierno de Bolivia prácticamente duplicó la cantidad de cocaína incautada en relación al año pasado. Luego de un operativo, el ministro de Gobierno (Seguridad) de Bolivia, Eduardo Del Castillo, informó que hasta inicios de diciembre se destruyeron 88 laboratorios de droga, entre los que habían destinado para la cristalización de clorhidrato de cocaína, reciclaje y fabricación de droga sintética, y se destruyeron más de 63 toneladas de clorhidrato de cocaína.
“Cifras nunca vistas en el país”, manifestó el ministro. En efecto, en los últimos años hubo un aumento sostenido en la incautación de cocaína y otras drogas en Bolivia, pero nunca se llegó a las cantidades actuales.
Los datos oficiales, publicados en la página web del Ministerio de Gobierno, muestran que en 2023 se secuestraron 32,93 toneladas de cocaína y 372 de marihuana, con una afectación económica al narcotráfico que alcanzó los 225,6 millones de dólares.
El 2022 se incautaron 20,33 toneladas de cocaína, el 2021 fueron 19,72 y en 2019 y 2020 se secuestraron poco más de 15 toneladas cada año.
El aumento exponencial en la lucha contra el narcotráfico podría sugerir un mejor trabajo de la policía. Sin embargo, la criminóloga y ex directora del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, Gabriela Reyes, sostiene que estas cifras son preocupantes porque insinúan que hay una mayor circulación de droga en el país.
“Un dato que se conoce a nivel internacional es el cálculo de que un Estado logra incautar aproximadamente el 10% de lo que está circulando. A mayor cocaína incautada, mayor cocaína hay en el mercado”, explicó en entrevista con Infobae y agregó que no hay un cambio ni modernización en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) por lo que estás cifras no podrían explicarse con un mejor trabajo antinarcóticos.
“Nos debería preocupar por la cantidad de cocaína que está circulando en el país y los altos niveles de impunidad que se está dando a estas organizaciones que se dedican al tráfico internacional”, agregó Reyes y citó casos en los que no se detuvo a los implicados o los aprehendidos no son las cabezas de las organizaciones. “Vemos niveles altísimos de protección del Estado al narcotráfico ya sea por omisión, inacción o protección en general”, agregó.
“El narcotráfico no solo busca poder económico, necesita poder político para seguir generando ingresos”, puntualizó Reyes.
La información que ofreció Del Castillo se dio luego del anuncio de intervención a un laboratorio de cristalización ubicado en la frontera entre los departamentos de Santa Cruz, Beni y Cochabamba donde se decomisaron 150 paquetes de cocaína tipo ladrillo y se arrestó a dos personas, dos ciudadanos bolivianos de 36 y 46 años que eran los custodios del laboratorio.
Narcotráfico en áreas protegidas
Bolivia es el tercer productor mundial de hoja de coca después de Colombia y Perú. Legalmente, se puede cultivar 22.000 hectáreas en las regiones de los Yungas y el Trópico de Cochabamba, pero las plantaciones se están extendiendo fuera de los límites y cantidades permitidas. En 2022, el país registró 29.900 hectáreas de coca, según una publicación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC).
Reyes explicó que en los últimos años también empezó a circular pasta base realizada con hoja de coca procedente de Perú que se refina en Bolivia para convertirla en clorhidrato de cocaína. Ese trabajo no se realiza en fábricas sino en laboratorios que requieren tener acceso a agua, lo que explica el incremento de narcotráfico en la región de la Amazonía o en áreas naturales protegidas donde también se facilita el camuflaje de laboratorios y pistas de aterrizaje clandestinas.
En julio de este año, el Gobierno instaló una base móvil antidroga dentro de uno sus parques naturales, el Noel Kempff. “Estamos haciendo lo que nunca se hizo en la lucha contra el narcotráfico, estamos llegando a todos los rincones de nuestro país para no permitir que estructuras criminales se asienten en el territorio nacional”, señaló entonces el ministro Del Castillo.
Sin embargo, el desafío es más grande que eso. Un informe de la ONUDC señala que la superficie de cultivos ilegales de hoja de coca se expanden y que por lo menos seis áreas protegidas del país ya fueron penetradas por el narcotráfico.
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