Diputados de la oposición en Bolivia solicitaron a legisladores de Argentina conformar una comisión especial para investigar al ex presidente Evo Morales, acusado en ambos países por delitos de trata de personas y abuso de menores de edad.
El diputado de la alianza Comunidad Ciudadana, segunda fuerza parlamentaria, José Manuel Ormachea, informó que existe información que puede ser importante para el Ministerio Público de Argentina y pretende entregarla a los diputados de ese país. La solicitud fue enviada a la presidenta de la Comisión de Relaciones Bolivia – Argentina, Nadia Márquez, de la Cámara de Diputados del Congreso argentino.
“Les hemos solicitado una comisión especial para que se constituyan en parte interesada en el caso de Evo Morales y que puedan colaborar con la investigación”, manifestó Ormachea y agregó que pueden entregar “elementos de convicción y elementos importantes que quizás no los tengan en el Ministerio Público de Argentina”.
A inicios de noviembre la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich informó que su despacho presentó una denuncia penal contra Morales. “A la causa por abuso de menores que ya tiene abierta en Bolivia, se suma algo aún más aberrante: al socialista expresidente boliviano se lo acusa de haber convivido con cuatro adolescentes durante el asilo político que le brindó el kirchnerismo”, agregó la ministra argentina en una publicación en su cuenta de X. “Morales, denunciado. El delito en suelo argentino se paga”, sentenció Bullrich. Esta causa se sumó a otra interpuesta por la Fundación Apolo que involucra a un ex militar a un primo de Morales.

Sin embargo, estas no son las únicas denuncias que pesan contra el ex presidente boliviano por delitos relacionados con abuso de menores de edad. La Fiscalía de Bolivia lo investiga por trata de personas y estupro, después de haber recibido un informe de inteligencia en el que se asegura que el ex mandatario cometió los delitos con una adolescente a la que supuestamente embarazó el año 2015, cuando aún era presidente. Él tenía 57 años y la víctima 15.
Esta investigación se realiza en la región de Tarija, al sur del país, y la fiscal a cargo, Sandra Gutiérrez, dijo el 30 de octubre que ya cuenta con “pruebas materiales” contra Morales. El 10 de octubre fue convocado a prestar su declaración pero no se presentó ante la comisión de fiscales por falta de garantías, según justificó uno de sus abogados. Gutiérrez anunció que ante su inasistencia correspondía emitir una orden de aprehensión que más de un mes después no se ejecuta.
Al margen del caso abierto en Tarija, hay otras dos denuncias contra Morales en el departamento de Cochabamba, región donde se encuentra el bastión político y sindical de Morales, que autoridades locales hicieron conocer públicamente en octubre de 2024, en las que el expresidente es acusado de violación contra dos niñas, en hechos acontecidos entre 2014 y 2016.

Adicionalmente, el 1 de octubre, la secretaria de Género de la Alcaldía de Cochabamba, Tatiana Herrera, denunció al líder cocalero por otros cinco casos de trata de personas y violación a niñas ocurridos en los últimos cinco años en la región del Chapare.
Morales y sus asesores jurídicos han calificado estas y otras acusaciones como una campaña de lawfare para eliminarlo del escenario político mediante la manipulación de la justicia, en medio de su prolongada disputa con su antiguo delfín, el presidente Luis Arce, con quien disputaba el control del Movimiento Al Socialismo y la candidatura presidencial de 2025. Ni Morales ni sus abogados, han negado la comisión de estos delitos.
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