Este jueves inició el tercer tramo de la marcha convocada por Evo Morales en Bolivia para protestar contra el Gobierno de Luis Arce, exigir acciones contra la crisis económica y evitar su inhabilitación como candidato a las elecciones presidenciales de 2025. Los activistas partieron de la localidad de Lahuachaca y se dirigen a Patacamaya, donde pasarán la noche para continuar mañana. Se prevé que lleguen a la sede de Gobierno el lunes 23 de septiembre luego de recorrer cerca de 200 kilómetros.
La caminata está encabezada por el expresidente Evo Morales que el miércoles había informado que se retiraba de la movilización para evitar que el Gobierno politice lo que considera una movilización espontánea “del pueblo”. El exmandatario manifestó al salir de la localidad de Panduro el miércoles: “El Gobierno dice ‘Evo, Evo, Evo’. La marcha no es del Evo, es del pueblo. Tanto sataniza, penaliza y criminaliza a Evo, he decidido retirarme de la marcha. La marcha es del pueblo, no es del Evo”, afirmó.
Sin embargo, horas más tarde sus voceros informaron que por decisión de los marchistas, el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) continuará encabezando la protesta hasta llegar a La Paz. “Nuestro comandante Evo Morales, por la determinación del ‘Estado Mayor del Pueblo’ va a continuar en esta marcha hasta llegar a la sede de Gobierno”, informó Ponciano Santos, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) afín a Morales.
En la primera jornada de la marcha se registraron violentos enfrentamientos entre marchistas y personas afines al Gobierno -que se denominan “autoconvocados”- que esperaban a la columna en un vigilia a la altura de Vila Vila para impedir su paso. Según la Defensoría del Pueblo, hubo 17 heridos en el enfrentamiento. En el segundo día de la marcha no se registraron incidentes.
En el Gobierno y algunos sectores de oposición, consideran que la intención de Evo Morales es derrocar a Luis Arce, por lo que varios actores políticos han sugerido la detención del líder cocalero. “Evo Morales debe ser detenido, porque está poniendo en riesgo la democracia, está llevando a la población a enfrentamientos y porque es autor confeso de un intento de golpe de Estado”, indicó la diputada arcista Deisy Choque.
De igual manera, otros diputados de la oposición, como Alberto Astorga y Henry Montero, han manifestado ante los medios de comunicación locales que se debe apresar al exmandatario por “sedición”.
Sin embargo, el abogado constitucionalista José Luis Santistevan explicó a Infobae que la marcha, siempre y cuando no sea violenta, está garantizada por la Constitución Política del Estado como una forma de protesta. El único delito por el que se lo podría acusar es instigación a delinquir, pero considera que la eventual detención del líder cocalero constituiría un caso más de la judicialización de la política y traería “mayor conflictividad”.
En tanto, el Ministerio Público abrió dos investigaciones, una por el enfrentamiento de Vila Vila y otra por los bloqueos de la organización indígena Ponchos Rojos, que exige la renuncia del presidente Luis Arce. “Vamos a llevar adelante la investigación de todos aquellos hechos ilícitos que pongan en riesgo la integridad física o la vida de las personas de nuestro país”, señaló el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
Demandas y la “muerte cruzada” de dos líderes
La manifestación que lidera el expresidente Evo Morales exige respuestas a una lista de demandas sindicales presentada el 6 de septiembre al Gobierno y que aborda principalmente cuestiones económicas y políticas. Los ministros de Estado enviaron un documento de 23 páginas en el que responden a todos los puntos del pliego y le piden al líder cocalero desistir de las medidas de presión, que además de la marcha incluyen un bloqueo de caminos a partir de octubre.
El Gobierno y varios analistas sostienen que la motivación de fondo es evitar la proscripción del partido y la inhabilitación de Evo Morales como candidato presidencial en 2025, en un pugna de poder que tiene al Movimiento Al Socialismo enfrentado en dos bloques liderados por Luis Arce y Evo Morales, que ha rebasado los límites institucionales y ha volcado a la militancia a dirimir el conflicto en las calles.
En entrevista con Infobae, la analista política Luciana Jáuregui sostiene que el país está ante una “agudización de la crisis política” a medida que se acercan los plazos para renovar la dirigencia de la sigla política y la habilitación de Evo Morales como candidato. Este conflicto, explica Jáuregui, se inserta dentro de un contexto mayor de crisis económica y bloqueo institucional que dificulta la gestión del Gobierno. “Eso está marcando un escenario convulso que acorrala progresivamente al presidente”, afirmó.
Para la experta, el país se encamina “a la muerte cruzada” de los dos líderes del MAS en un escenario en el que ninguno de los dos va poder habilitar su candidatura o ganar las elecciones. “Esta lucha ha ocasionado un debilitamiento mutuo, la consigna que prima en el escenario político es que no quieren a Evo ni a Arce”, asegura Jáuregui.
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