Ecuador: se reactivó el juicio político contra la Fiscal General Diana Salazar

El Consejo de Administración Legislativo (CAL), el órgano con mayor autoridad en el congreso ecuatoriano, resolvió aceptar el pedido de la fiscal Diana Salazar de reactivar el juicio político que la bancada correísta impulsa en su contra. Salazar aseguró en agosto que está lista para el “narco juicio”, esto tras solicitar la suspensión del proceso en mayo, cuando la fiscal anunció su embarazo y señaló que estaba en riesgo su salud y la del bebé que espera.

Según un comunicado del CAL, la Comisión de Fiscalización, presidida por la asambleísta Pamela Aguirre, cercana al expresidente Rafael Correa, deberá unificar las solicitudes de juicio político contra la fiscal y continuar con el proceso que avanzará hacia las fases de sustanciación y juzgamiento.

El 19 de agosto, Salazar aseguró que “la pausa que obligatoriamente debimos tomar ha llegado a su fin” en referencia a que su estado de gestación es estable y ya puede someterse a la presión del enjuiciamiento político que podría resultar en la destitución de su cargo: “Espero el momento de actuar mis pruebas en este narcojuicio político con el resultado que este tenga seguiré ejerciendo mis funciones en las audiencias donde se requiere mi trabajo sin descuidar los procesos”, dijo Salazar en un video que publicó en su cuenta de X, el lunes por la noche. Según la fiscal, los argumentos de sus interpelantes no tienen sustento y advirtió que una de las intenciones de los legisladores que la enjuician es desviar la atención de los casos de corrupción judicial: “Este evento puede ser una distracción para que los casos Vocales Independencia Judicial, Metástasis, Purga, Plaga y todos los que llevo desde mi despacho se detengan”, indicó en un video compartido en la mencionada fecha.

El correísmo acusa a Salazar de “incumplimiento de funciones” por retrasos en procesar casos como León de Troya, Encuentro (que involucran al círculo cercano de Guillermo Lasso), INA Papers (donde se investiga al ex presidente Lenín Moreno). También la acusan de irregularidades en el proceso contra el ex defensor del Pueblo, Freddy Carrión, que fue investigado por abuso sexual. A eso se suma, según los interpelantes, que Salazar no ha investigado a los vacunados VIP, como se los llamó a los funcionarios públicos y sus familiares que accedieron primero a las vacunas contra el coronavirus. El incumplimiento de funciones, argumentan los legisladores correístas, se extiende a la falta de prevención de asesinatos a agentes fiscales y de mala administración del Ministerio Público.

Para iniciar un juicio político, los proponentes deben iniciar el trámite reuniendo 35 firmas de respaldo. La propuesta entonces se envía al CAL, allí se resuelve si es procedente y, de ser así, se envía a la Comisión de Fiscalización. En esa comisión legislativa se elabora un informe no vinculante que recomienda continuar o archivar el juicio político. Finalmente, el trámite llega al pleno donde se realiza la presentación de argumentos, la defensa del juzgado, el debate de los legisladores y la votación para resolver la sanción que puede incluir la destitución y censura del cargo. Salvo algunas excepcionalidades establecidas en la Constitución, para destituir a un funcionario, que no sea ministro o secretario de Estado, se necesita una mayoría absoluta, es decir 70 votos. En este caso, el correísmo que cuenta con 48 legisladores necesita encontrar 22 votos.

Las bancadas oficialista ADN (con 24 congresistas), del Partido Social Cristiano (con 15) y Construye (con 17) han sido enfáticos en que los votos de sus legisladores rechazarán el intento del correísmo de destituir a Salazar. Con estos números, quedan 33 asambleístas que aún no han definido su voto.

Diana Salazar investiga los casos más emblemáticos de corrupción y narcotráfico en el país. Ella reveló que los sicarios contratados para asesinar a Fernando Villavicencio, que aspiraba a la presidencia de Ecuador, tenían también como tarea matarla. Salazar enfrenta un riesgo personal del 100%, lo cual señala la presencia constante de amenazas inminentes contra su vida. Los riesgos contra la Fiscal se han recogido incluso en una reseña sobre ella en la revista Times, pues fue elegida como una de las 100 personas más influyentes del mundo en la categoría líderes.