Un grupo de abogados presentó, en el marco de la investigación contra la dictadura de Nicaragua en Argentina, una solicitud instando a la Justicia a actuar contra altos funcionarios del régimen sandinista por su participación en crímenes de lesa humanidad.
En la denuncia, los letrados solicitaron que se cite a declaración indagatoria y se libre orden de detención y captura internacional contra el dictador, Daniel Ortega; y la vicepresidenta y primera dama nicaragüense, Rosario Murillo, entre otros funcionarios implicados en el caso.
Darío Richarte, uno de los abogados denunciantes, dijo que “la solicitud se funda en la gravedad de las imputaciones, que incluyen asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecución por motivos políticos y religiosos, entre otros crímenes, todos ellos considerados crímenes de lesa humanidad”.
Y agregó: “A esta altura de la investigación y habiendo sido analizada durante meses la gran cantidad de pruebas acumuladas en el expediente, desde esta querella coincidimos con la Fiscalía y creemos que existe suficiente evidencia para justificar el pedido de declaración indagatoria de los imputados. Además, solicitamos la detención y que se libre orden de captura internacional contra ellos”.
Manifestó también que “el Estado argentino tiene la obligación de actuar conforme a sus compromisos internacionales y a las leyes nacionales en la materia”.
Entre los argumentos presentados, se destacó la necesidad de estas medidas para asegurar la comparecencia de los acusados y evitar que interfieran con la investigación, como ya han intentado hacerlo.
Asimismo, se subrayó que la situación en Nicaragua ha sido objeto de análisis por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que constató recientemente el empeoramiento de las condiciones de represión y violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano.
La solicitud también hizo referencia a los principios del derecho internacional establecidos tras los juicios de Núremberg, que imponen responsabilidades penales a los jefes de Estado por crímenes graves, independientemente de su cargo.
En este contexto, los abogados enfatizaron que Argentina, como signatario del Estatuto de Roma, está comprometida a investigar y juzgar estos crímenes.
Finalmente, los letrados solicitaron que la Justicia argentina proceda con las órdenes de detención y captura internacional para asegurar que los responsables de estos crímenes comparezcan ante la ley y se cumplan los compromisos del país con la justicia internacional.
Nicaragua atraviesa una crisis desde abril de 2018 que se ha acentuado tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
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