La CIDH condenó el cierre masivo de organizaciones civiles y religiosas por parte del régimen de Ortega en Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este jueves la decisión “del régimen de Daniel Ortega” en Nicaragua de cancelar la personería jurídica de 1.500 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo al menos 700 de índole religiosa.

“Esta acción intensifica la represión en Nicaragua, evidenciando el sostenido embate contra el pluralismo y el cierre deliberado del espacio cívico y democrático en el país”, denunció la CIDH en una declaración.

El pasado 19 de agosto, el Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio del Interior, disolvió 1.500 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, entre ellas ONG católicas, defensoras de la diversidad sexual, educativas, sociales y de militares retirados, y ordenó traspasar sus bienes al Estado.

Esa medida, sin precedentes al ser la primera vez que se ilegalizan 1.500 ONG en un solo acto, se dio tres días después de que el Ejecutivo sandinista anunciara una reforma al funcionamiento de las ONG, que tendrán ahora que formar “alianzas” con instituciones del Estado para ejecutar sus proyectos en el país.

“Estas acciones evidencian una vez más la política represiva del Gobierno para erradicar completamente el espacio cívico y democrático en Nicaragua”, señaló la CIDH, que es el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.

Ese organismo explicó que el cierre de espacio cívico es posible en Nicaragua “por la subordinación de todos los poderes al Ejecutivo, documentada ampliamente por la Comisión”.

Nicaragua cerró otras 151 ONG y obligará a las iglesias a pagar impuestos

En tanto, este jueves Nicaragua ha endurecido el control sobre las iglesias y entidades religiosas, obligándolas a pagar el impuesto a la renta y ordenando el cierre de 151 organizaciones no gubernamentales (ONG) en un movimiento sin precedentes desde las protestas de 2018.

Según una resolución publicada en el diario oficial La Gaceta, la cláusula de la “Ley de Concertación Tributaria” que eximía a estas instituciones de pagar impuestos ha sido derogada por el presidente Daniel Ortega. A partir de ahora, las iglesias deberán pagar impuestos que pueden llegar hasta el 30 % de sus ingresos anuales, dependiendo del monto al final del año fiscal.

Estos cambios fiscales se han introducido en las reformas a las leyes de “Control de Organismos Sin Fines de Lucro” y “Regulación de Agentes Extranjeros”, que a partir de ahora obligarán a las ONG a llevar a cabo sus proyectos en conjunto con instituciones del Estado.

Además, el gobierno ha cancelado la inscripción de 151 ONG, la mayoría de ellas cámaras de comercio internacionales y sectoriales, pocos días después del cierre de otras 1.500 organizaciones, lo que la oposición en el exilio ha calificado como una arremetida contra la sociedad civil.

Ilegalizó estas organizaciones por incumplimientos a las leyes que las regulan, ya que no reportaron por períodos de entre 1 hasta 35 años sus estados financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones y sus juntas directivas, sostuvo.

Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas desde 2018 utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente en las manifestaciones de hace seis años.

El Gobierno de Ortega también ha dictado una normativa que obliga a las organizaciones no gubernamentales a trabajar únicamente en “alianzas de asociación” con entidades estatales. Esta medida se anunció inmediatamente después de que Venezuela aprobara una ley sobre ONG que, según activistas de derechos humanos, “profundizará la persecución” de los críticos del presidente Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude en su reelección.

Martha Patricia Molina, experta en temas de la iglesia y exiliada en Estados Unidos, manifestó en la red social X que el gobierno intenta “ahogar financieramente a la iglesia para que caiga por su propio peso”. Añadió que “ahora toda iglesia independientemente de su denominación deberá pagar impuesto”.

Estos movimientos reflejan un control cada vez más estricto del gobierno sobre las organizaciones civiles y religiosas en Nicaragua, una tendencia que se ha intensificado considerablemente desde las protestas de hace unos años. La imposición de nuevos requisitos fiscales y normativos promete tener un impacto significativo en el funcionamiento y la supervivencia de estas organizaciones.

Fueron anuladas la personería jurídica a la Cámara Oficial Española de Comercio de Nicaragua, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), la Federación de Cámaras Europeas de Comercio e Industria de Nicaragua, la Asociación Civil Cámara de Industria y Comercio Nicaragüense Alemana, la Cámara de Comercio Franco-Nicaragüense, y la Cámara de Industria y Comercio Italo Nicaragüense.

Además, disolvió la Cámara de Inversiones Coreana Nicaragüense, la Cámara de Industria y Comercio Mexicana Nicaragüense, la Cámara de Comercio Panamá Nicaragua, la Cámara de Industria y Comercio Nicaragüense Costarricense, la Cámara de Industria y Comercio Nicaragüense Uruguaya, y la Cámara de Comercio Industria y Turismo Nicaragüense Ecuatoriana.

(Con información de AFP y EFE)