La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, solicitó al Congreso que continúe con el juicio político que la bancada afín al ex presidente Rafael Correa impulsa en su contra para destituirla. En mayo pasado, el Consejo de Administración Legislativa, el órgano con mayor autoridad en la Legislatura, suspendió el enjuiciamiento político a la Fiscal General de Ecuador por su embarazo de alto riesgo. Sin embargo, Salazar aseguró que “la pausa que obligatoriamente debimos tomar ha llegado a su fin”.
“Espero el momento de actuar mis pruebas en este narcojuicio político con el resultado que este tenga seguiré ejerciendo mis funciones en las audiencias donde se requiere mi trabajo sin descuidar los procesos”, dijo Salazar en un video que publicó en su cuenta de X, el lunes por la noche. Según la fiscal, los argumentos de sus interpelantes no tienen sustento y advirtió que una de las intenciones de los legisladores que la enjuician es desviar la atención de los casos de corrupción judicial: “Este evento puede ser una distracción para que los casos Vocales Independencia Judicial, Metástasis, Purga, Plaga y todos los que llevo desde mi despacho se detengan”, indicó.
El correísmo acusa a Salazar de “incumplimiento de funciones” por retrasos en procesar casos como León de Troya, Encuentro (que involucran al círculo cercano de Guillermo Lasso), INA Papers (donde se investiga al ex presidente Lenín Moreno). También la acusan de irregularidades en el proceso contra el ex defensor del Pueblo, Freddy Carrión, que fue investigado por abuso sexual. A eso se suma, según los interpelantes, que Salazar no ha investigado a los vacunados VIP, como se los llamó a los funcionarios públicos y sus familiares que accedieron primero a las vacunas contra el coronavirus. El incumplimiento de funciones, argumentan los legisladores correístas, se extiende a la falta de prevención de asesinatos a agentes fiscales y de mala administración del Ministerio Público.
La Asamblea Nacional emitió un comunicado respondiendo al pedido de la fiscal Salazar y aseguró que una vez que concluya el receso parlamentario convocará al Consejo de Administración Legislativa “para conocer y resolver sobre el pedido de reactivación del Juicio Político en su contra, de acuerdo con lo establecido en la ley y la Constitución de la República”.
La bancada oficialista (ADN) reiteró su apoyo a Salazar y aseguró que respaldan a la fiscal en “la lucha contra las mafias”. En un comunicado, la bancada indicó que el trabajo de Salazar “ha sido fundamental para recuperar la justicia en el país y enfrentar a las mafias de la corrupción y el narcotráfico. Esta lucha por la legalidad y la seguridad pretende ser desestabilizada con una serie de juicios políticos”. Sin embargo, aprovecharon para comparar el enjuiciamiento político contra Salazar con los que en el Legislativo se siguen contra cuatro ministros de Daniel Noboa.
“En este momento, no hay lugar para tibios ni medias tintas. La Bancada ADN respalda frontalmente la lucha contra las mafias y la corrupción; por eso, doctora Diana Salazar, cuente con el apoyo y los votos de toda la Bancada de ADN en la Asamblea Nacional en el próximo narcojuicio que tendrá que enfrentar”, se lee en el comunicado.
Diana Salazar investiga los casos más emblemáticos de corrupción y narcotráfico en el país. Ella reveló que los sicarios contratados para asesinar a Fernando Villavicencio, que aspiraba a la presidencia de Ecuador, tenían también como tarea matarla. Salazar enfrenta un riesgo personal del 100%, lo cual señala la presencia constante de amenazas inminentes contra su vida. Los riesgos contra la Fiscal se han recogido incluso en una reseña sobre ella en la revista Times, pues fue elegida como una de las 100 personas más influyentes del mundo en la categoría líderes.
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