
(Desde Santiago, Chile) La semana pasada, 9 gendarmes activos y uno en retiro fueron arrestados en las regiones Metropolitana, Coquimbo y O’Higgins por su presunta participación en una red de corrupción y tráfico de armas al interior de algunas cárceles chilenas. El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que pronto habrá más novedades, puesto que existen más denuncias que ya están siendo investigadas.
“Hay otras investigaciones que se están desarrollando también en la actualidad y que están en proceso, cuyo origen tiene que ver con denuncias de autoridades de Gendarmería”, señaló este martes en CNN Chile.
En esa línea, el secretario de Estado aseguró que “Gendarmería tiene suficientemente claro que una de las formas en las cuales se expanden las organizaciones criminales no es solo cometiendo sus ilícitos, sino que también corrompiendo funcionarios, y que uno de los lugares de riesgo habitualmente son los centros penitenciarios, y por eso tiene un plan con ese fin”.
Cabe destacar que el operativo que permitió la captura de los diez gendarmes consistió en diversos allanamientos a domicilios y en cinco cárceles, como resultado de una investigación interna que inició en junio de 2023. Los funcionarios fueron imputados por asociación ilícita, tráfico de armas, tráfico de drogas y lavado de activos.
La noticia provocó un fuerte remezón en la institución a cargo de los recintos penales chilenos y la noche de este martes, otro gendarme, cuya identidad se mantuvo en reserva, denunció en un reportaje de Meganoticias que el penal Santiago 1, el más grande la región Metropolitana, está controlado por el crimen organizado.

Cárcel tomada
En Santiago 1 viven hacinados unos 5.000 internos, ya que su capacidad es para 4.000. Algunos de los delincuentes más peligrosos del país están en esta cárcel y muchos de ellos siguen operando sus “negocios” desde su interior.
El oficial, con 13 años de servicio, aseguró que en el recinto imperan bandas de narcotraficantes, grupos del Tren de Aragua y bandas colombianas que han ingresado al país en los últimos años. “Ellos llegan con el poder adquisitivo de lo que les dejó su venta ilícita, llegan con mucho poder a la cárcel”, señaló.
En esa línea, reveló que son los propios gendarmes quienes ofrecen celulares a los nuevos reclusos, luego se reúnen con su familia y una vez recibido el pago del teléfono, lo entregan al reo dentro del cárcel.
“Se mueve mucha plata, hay funcionarios que ganan diariamente $300 mil (USD 325) por entrar drogas y teléfonos celulares”, apuntó.
Otros se dedican simplemente a mirar para otro lado cuando cómplices de los internos lanzan desde el exterior los conocidos “pelotazos”, bolsas con droga, celulares o armas, las que últimamente incluso han ido atadas a drones. Por hacer la vista gorda, un gendarme puede cobrar hasta $100 (USD 108) por cada “pelotazo”.
El denunciante también reveló que algunos gendarmes de Asuntos Internos que investigan actos de corrupción al interior de la cárcel han sido amenazados de muerte por sus propios colegas.
“En estos momentos les tengo más miedo a los funcionarios corruptos que a los internos de bandas organizadas”, recalcó.
El oficial recordó que en febrero del año pasado, un funcionario que investigaba en secreto actos de corrupción cometidos por sus compañeros encontró un papel en su casillero que rezaba: “Pako sapo cuida a tu espalda y a tu familia sapo perkin (sic)”.
“Él trató de pedir ayuda, nuestra jefatura, nuestro director, los coroneles no hicieron nada”, indicó.
Finalmente, un segundo gendarme confirmó las denuncias de su colega, asegurando que las bandas “se aprovechan de funcionarios que tienen problemas económicos o de salud. Hay muchas formas que tienen de llegar los internos a los funcionarios y realmente no hay cuidado de la institución en esos mismos temas”, reflexionó.
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