Brasil le ha pedido a Argentina información sobre decenas de partidarios del ex presidente Jair Bolsonaro que buscaron refugio en ese país para evitar las consecuencias legales a las que se enfrentarían por los disturbios en Brasilia del año pasado, como parte de un presunto intento de golpe de Estado. Los funcionarios policiales brasileños dijeron que la solicitud presentada el lunes era precursora de posibles pedidos de extradición.
El 8 de enero de 2023, una semana después de que el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el cargo, miles de manifestantes irrumpieron en el Congreso, el Tribunal Supremo y el palacio presidencial en un alboroto que algunos esperaban que creara un caos que justificara un golpe militar para anular la elección de Lula.
Miles de bolsonaristas del campamento golpista instalado ante el Cuartel General del Ejército, obra de Oscar Niemeyer, descendieron a la plaza de los Tres Poderes y asaltaron el corazón de la democracia brasileña. Los radicales estaban acampados desde hace dos meses frente a los cuarteles de varias ciudades pidiendo una intervención militar con un golpe de Estado contra el presidente electo.
El diario O’ Globo ha informado que la acción policial permitió la detención de 49 prófugos que eran buscados en 18 estados. Según relató la columnista del mismo medio periodístico, Bela Megale, el gobierno de Lula da Silva enviará los datos al Supremo Tribunal Federal (STF), que investiga los actos golpistas de ese día que fueron provocados por los seguidores de Bolsonaro, para que emita las correspondientes órdenes de extradición.
Según han declarado los funcionarios de la Policía Federal a Reuters, se cree que entre 50 y 100 partidarios de Bolsonaro que habían sido acusados de vandalismo e insurrección por su papel en los disturbios habían huido a Argentina después de que el derechista Javier Milei asumiera el cargo el diciembre pasado. Brasil ha pedido a la policía argentina que identifique su paradero y también su situación en el país antes de decidir si solicita las extradiciones, indicaron los funcionarios policiales.
Los fugitivos tenían restricciones de movimiento por orden judicial y algunos llevaban tobilleras electrónicas. Muchos de esos prófugos, algunos ya condenados y otros que todavía estaban bajo investigación, obviaron las barreras migratorias y se quitaron las tobilleras electrónicas que se les habían colocado para su seguimiento. En mayo, el portal UOL había consignado que el fiscal general de la República, Paulo Gonet, pidió que los prófugos sean incluidos en la notificación roja de Interpol.
Se cree que habrían ingresado a la Argentina a pie por alguno de los puentes fronterizos, en baúles de vehículos particulares o a través del río Paraná. Además, todas las filtraciones se habrían producido en 2024.
”La cooperación policial determinará cuántos son. Basándonos en la información que tenemos hasta ahora, estimamos que entre 50 y 100 de ellos están en Argentina”, dijo el martes a la prensa el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues.
La policía federal de Brasil comenzó a investigar el caso después de que legisladores de derecha, incluido el hijo de Bolsonaro, Eduardo, visitaron Buenos Aires el mes pasado y pidieron públicamente al Gobierno argentino que tratara a los fugitivos como “exiliados políticos”.
La policía brasileña dijo que creía que la mayoría de los seguidores de Bolsonaro desaparecidos han solicitado asilo político. La Comisión Nacional para los Refugiados de Argentina dijo que no hace comentarios sobre las solicitudes de asilo.
(Con información de Reuters)
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