La violencia en el sur de Chile se recrudeció dos años después del despliegue militar en la zona: las razones

Dos años después de que el Gobierno chileno decidiera recurrir al estado de emergencia para frenar el aumento de los actos de violencia de baja intensidad mapuche en La Araucania, la situación en esta área estratégica parece haber virado y ofrece las características que acompañan a la penetración del narcotráfico y el crimen organizado.

Así lo advirtieron a la agencia EFE expertos en seguridad local, quienes alertaron de que el asesinato en la región de tres policías el pasado 27 de abril en circunstancias extrañas ha generado una “sensación de descontrol” en un territorio con comunicaciones estratégicas donde se cruzan el despojo indígena, la pobreza y el contrabando.

De acuerdo con datos del Ejecutivo, desde mayo de 2022, la violencia rural, principalmente sabotajes, se ha reducido gracias a los más de 450.000 controles policiales realizados y la instalación de bases militares permanentes, lográndose más de un millar de detenciones y 167 condenas.

Sin embargo, la muerte de los policías, acribillados y quemados en el interior de su vehículo en la comuna de Cañete, provincia de Arauco, ha abierto importantes interrogantes sobre quiénes son los autores y sobre si este esfuerzo de militarización es eficaz para otro tipo de violencia más cruenta, de naturaleza criminal, que está empezando a emerger.

“Este crimen significó un quiebre en la violencia. En hechos anteriores, las acciones eran en contra de las cosas: sabotajes a camiones, inmuebles, maquinaria productiva y forestal, pero esto tiene ribetes de crimen organizado, donde no se puede descartar ninguna hipótesis”, confirma a EFE el experto en seguridad de la Universidad de Santiago, Jorge Araya.

En La Araucanía y zonas del Biobío se desarrolla hace décadas un conflicto con raíces ancestrales: comunidades mapuche, la etnia indígena más numerosa del país, reclaman los territorios que habitaron desde tiempos prehispánicos y de los que, en el siglo XIX, se apropió por la fuerza el Estado chileno, vendiéndoselos principalmente a empresas forestales.

La resistencia, agudizada desde 1997, no ha pasado apenas de sabotajes a predios y faenas forestales, siempre acompañados de una reivindicación política y que han disminuido con el estado de excepción constitucional impulsado por el Gobierno de Gabriel Boric, quien se oponía a esta medida cuando era diputado.

Sin ir más lejos, Héctor Llaitul, el líder de unas de las organizaciones radicales mapuche más importantes de las últimas décadas, fue condenado el pasado 8 de mayo a 23 años de prisión por delitos en contra del Estado.

Hoy, no obstante, el conflicto en la zona es algo más que un nudo político anclado en falta de reconocimiento a los pueblos originarios. Implica a actores vinculados al contrabando, advierten también entidades internacionales.

“Análisis internacionales han descrito que en la zona hay mucha actividad narco, se trata de un lugar estratégico para operar, con cercanía a puertos, por lo que es perfectamente posible la instalación de crimen organizado. Probablemente hay una convivencia con distintos niveles de corrupción” policial y administrativa, además de captación de grupos locales, subrayó Araya.

Gracias al plan del Gobierno, los incidentes de violencia rural descendieron un 51% en comparación con 2021, la menor cifra en los últimos cuatro años.

Delitos como incendios, robos y desórdenes han ido a la baja, al igual que las usurpaciones de tierra: un 13% menos que en 2023 y un 84% por debajo de las registradas en 2021, aseguran sus cifras.

De igual forma, los ataques incendiarios se redujeron un 44%, un 52% los cortes de ruta y un 57% los eventos con presencia de armas de fuego en comparación con el año pasado.

El despliegue militar, sin embargo, no ataca la dimensión política del problema, alerta a EFE el ex asesor del Ministerio del Interior e investigador asociado del instituto VioDemos, Salvador Millaleo.

“Efectivamente algunos ilícitos han disminuido, pero la violencia está lejos de ser desterrada. La promesa no se ha sostenido. Además de la seguridad, hay problemas con la devolución de la tierra, la falta de un plan productivo, acceso a recursos naturales y educación intercultural. Chile está muy atrás en eso”, enfatizó.

Y es que si bien la seguridad es una cara de la crisis, hay otra que “surge de un entorno de desequilibrio, inequidades y falta de diálogo (...) Hoy el país no está conversando sobre esto, esa es la carencia más grande”, dijo Millaleo a Efe.

Para la editora del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile de la Universidad Diego Portales, Judith Shönsteiner, la zona requiere por ello de un “enfoque preventivo y un abordaje sistémico que no excluye, ciertamente la intervención directa, pero que no exponga innecesariamente tanto a las fuerzas policiales y militares, como a las personas en general”.

(Con información de EFE)