Más de 8.000 personas han sido detenidas en Ecuador en los 37 días del “conflicto armado interno” que el presidente Daniel Noboa declaró a inicios de enero contra el crimen organizado, a cuyas bandas, dedicadas principalmente al narcotráfico, pasó a considerar como grupos terroristas.
El número de detenidos alcanzó los 8.080 en el último balance diario publicado este jueves por el Gobierno de Ecuador, de los que 241 fueron capturados acusados de “terrorismo”, mientras que en el mismo se han decomisado más de 52 toneladas de drogas.
Hasta ahora las fuerzas de seguridad han ejecutado 98.890 operaciones conjuntas (más de 2.600 cada día), 153 de ellas contra bandas criminales denominadas ahora por las autoridades como grupos terroristas.
Además, se han incautado 2.405 armas de fuego, 12.433 explosivos, 167.024 balas, 1.236 cargadores de balas y 3.422 armas blancas.
Durante el estado de excepción las fuerzas del orden han abatido a ocho personas a las que han identificado como terroristas; han fallecido dos miembros de la Policía y no se han registrado bajas en las filas castrenses.
Los agentes también han decomisado a la delincuencia 979 vehículos, 931 motocicletas y 28 embarcaciones, entre ellas un semisumergible para transportar droga; además de 195.398,14 dólares y 47.360 galones de combustible (unos 179.000 litros).
En la estadística se mantiene la cifra de 34 reos recapturados, de los casi 90 que se fugaron de las cárceles donde, a comienzos de año, ocurrieron varios motines de reclusos con 200 rehenes entre guardias y policías que lograron ser liberados.
Tras declarar el “conflicto armado interno”, el Gobierno del presidente Daniel Noboa identificó a al menos 22 grupos del crimen organizado transnacional y los ubicó “como organizaciones terroristas” y “actores no estatales beligerantes”.
Al señalar a esos grupos como beligerantes, el mandatario abrió una puerta legal para que las Fuerzas Armadas junto con la Policía actúen con todos sus recursos para neutralizarlos.
La espiral de violencia en Ecuador se desató cuando aparentemente el presidente se disponía a poner en marcha su Plan Fénix contra el crimen.
En principio, esa estrategia buscaba recuperar el control de las prisiones, muchas de ellas dominadas internamente por grupos de delincuentes, cuyas rivalidades dejaron más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias.
Sin embargo, la violencia carcelaria saltó a las calles hasta convertir a Ecuador en uno de los países más violentos, con 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2023.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador ha fijado para el próximo 21 de abril una consulta popular y un referéndum con 11 preguntas que, entre otros temas, se concentrará precisamente en materia de seguridad.
En concreto, entre las cuestiones que tendrán que responder los ciudadanos se encuentra una reforma al artículo 158 de la Constitución sobre si las Fuerzas Armadas pueden apoyar el trabajo de la Policía en su lucha contra el crimen organizado. Esta iniciativa fue impulsada por el ex presidente Guillermo Lasso.
Entre las seis preguntas que serán respondidas a través de consulta popular se encuentra un posible incremento de las penas por delitos de terrorismo, trata de personas o tráfico de drogas, entre otros, así como la tipificación del uso de armas, municiones o componentes de “uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.
(Con información de EFE y EP)
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