(Desde Santiago, Chile) A solo dos días del trágico fallecimiento del ex presidente chileno Sebastián Piñera, al estrellarse el avión que pilotaba en el Lago Ranco (920 kms al sur de Santiago), el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó sobreseer al ex mandatario por el caso Dominga, proceso donde era investigado por posibles delitos de corrupción en la venta de un polémico proyecto minero.
La decisión fue confirmada tras conocerse la muerte del ex mandatario, previa solicitud del abogado Luis Mariano Rendón, quien presentó el miércoles pasado la solicitud ante el tribunal.
“Sin perjuicio de no haberse acompañado certificado de defunción, más siendo de público y notorio conocimiento el fallecimiento del querellado”, se resolvió el sobreseimiento, informó el tribunal, según consigna una nota de BíoBíoChile.
El fallo del juzgado asegura que “teniendo presente la defunción del querellado Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, el pasado 6 de febrero, se declara la extinción de la acción penal y se sobresee definitivamente la causa”. El escrito cierra ordenando que se dejen sin efecto las medidas cautelares que se encontraban vigentes a la fecha.
La resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se ampara en el artículo 93 Nº1 del Código Penal, el que señala que la responsabilidad penal se extingue “por la muerte del responsable, siempre en cuanto a las penas personales, y respecto de las pecuniarias sólo cuando a su fallecimiento no se hubiere dictado sentencia ejecutoriada”.
El Caso Dominga
El llamado “Caso Dominga” tuvo su origen en la creación de Andes Iron SpA, compañía de exploración minera en la que inicialmente tuvo participación la familia Piñera Morel (mediante el fondo Mediterráneo), y el empresario Carlos Alberto Délano (Duero Limitada). La sociedad controladora, Minería Activa Uno SpA, se constituyó el 17 de marzo de 2009.
El 10 de diciembre de 2010, al noveno mes del primer gobierno de Piñera, Inmobiliaria Duero (Délano) adquirió la participación de Andes Iron SpA que tenían los Piñera Morel a través de Mediterráneo, y también hizo lo mismo con otros socios minoritarios.
Tras la filtración de los llamados “Pandora Papers”, se reveló qué las familias Piñera y Délano habían sellado el negocio en las Islas Vírgenes Británicas, un conocido paraíso fiscal. Jorge Abbott, el entonces Fiscal Nacional, abrió una investigación de oficio en octubre de 2021, a fin de investigar posibles delitos en la operación, así como un posible conflicto de interés por parte del expresidente durante el traspaso de derechos a la familia de Carlos Alberto Délano.
Incluso hubo una acusación constitucional en contra de Piñera, argumentándose haber infringido la Constitución y de haber comprometido gravemente el honor de la nación. Ambas tesis se votaron por separado y fueron rechazadas por el Senado.
En su defensa, el entonces presidente Piñera aseguró que su actuar financiero se había ajustado siempre a las normas tributarias. Negó también que existiera un conflicto de interés en el último pago de la operación, pues -según indicó- no hubo una solicitud de la empresa de Délano ante autoridades del Estado para que se frenaran cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina Dominga.
El proyecto minero portuario Dominga consta de dos minas abiertas, un mega puerto, una planta desaladora y un depósito de relaves. Ha sido fuertemente cuestionado grupos ecologistas y las propias comunidades aledañas por sus deficiencias técnicas y ambientales y, tras un alarga batalla judicial, todo indica que no llegará a buen puerto.
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