El régimen de Daniel Ortega detuvo en las últimas horas a otros seis sacerdotes, en una nueva ofensiva contra la Iglesia Católica. Según informaron ONGs locales, la Policía de Nicaragua arrestó, entre la noche del viernes y la mañana del sábado, a los monseñores Silvio Fonseca, Raúl Zamora y Gerardo Rodríguez, y los sacerdotes Mykel Monterrey, Miguel Mántica y Marcos Díaz.
Los primeros cinco pertenecen a la Arquidiócesis de Managua mientras el último profesaba la fe en la diócesis de León, en el noroeste del país.
Con éstos, denunció el obispo auxiliar de la capital, Silvio Báez, ya son 15 los religiosos tras las rejas, entre los que destacan también el obispo Isidro Mora, el vicario general de Managua Carlos Avilés y los sacerdotes Héctor Treminio, Fernando Calero y Pablo Villafranca.
“La dictadura sandinista ha desatado esta semana una feroz cacería contra los sacerdotes, llevando a la cárcel a varios de ellos que se suman a dos obispos que ya estaban presos”, denunció Báez, que fue declarado traidor a la patria, despojado de su nacionalidad y vive exiliado desde 2019 por órdenes del papa Francisco, que veló por su seguridad en un momento en el que aumentó la tensión por las protestas sociales.
“Sigue la furia de la criminal dictadura de Ortega desatada contra la Iglesia”, continuó y pidió a “los obispos y las conferencias episcopales del mundo que no nos abandonen en este momento” y “que orden por la Iglesia de Nicaragua y se solidaricen y alcen su voz denunciando esta persecución de la dictadura contra nuestra Iglesia”.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) para América Central condenó la víspera la “desaparición forzada” de los miembros de la Iglesia, que viola “el derecho a la libertad religiosa, pilar de cualquier Estado democrático”, mientras que la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua rechazó “la persecución, hostigamiento, asedio y criminalización”, dijo seguir “con profundo preocupación los recientes acontecimientos” y demandó “el respeto a su integridad física, psíquica” así como “su libertad inmediata e incondicional”.
La abogada exiliada Martha Patricia Molina evaluó esta reciente intensificación de las redadas y consideró que “la dictadura sandinista está preparando un destierro o una acusación penal masiva de religiosos”, similar a lo que ocurrió en octubre, cuando ordenó la excarcelación de 12 sacerdotes y su salida del país con destino al Vaticano.
La Iglesia y el oficialismo nicaragüense mantienen una relación tensa desde hace más de cuatro años, que ha llevado a que decenas de religiosos sean perseguidos y encarcelados por profesar su fe y oficiar como uno de los principales focos de oposición.
Uno de los casos más emblemáticos de esta represión fue el del obispo Rolando Álvarez, que el 10 de febrero fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión, además de ser despojado de su nacionalidad y suspendérsele sus derechos ciudadanos de por vida tras considerarlo un traidor a la patria. La sentencia de la Justicia se conoció un día después de que el oficialismo definiera la excarcelación de 222 presos políticos con destino hacia Estados Unidos, algo que el religioso rechazó.
(Con información de AFP, EFE y Reuters)
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