Adoctrinamiento en Nicaragua: el régimen de Daniel Ortega cerró 30 universidades en los últimos tres años

El régimen de Daniel Ortega ejecuta un proceso de demolición de la educación superior en Nicaragua que, al final de este año, registra el cierre 30 universidades, considera el reconocido académico nicaragüense, doctor Ernesto Medina.

Este proceso se expone en el informe “Disolución de universidades nicaragüenses y violaciones de derechos humanos”, presentado por el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), radicado en Argentina

De acuerdo con el informe del Calidh, la primera universidad se canceló en el 2021, en el 2022 fueron 18 las universidades cerradas, y otras 11 cayeron en el 2023.

El caso más sonado de este año fue el cierre y confiscación en agosto de la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua, administrada por la Compañía de Jesús y considerada la universidad privada más importante de Nicaragua.

El régimen de Ortega acusó a la UCA de “terrorismo”, y bajo esa premisa la cerró, se apropió de sus cuentas bancarias y confiscó todos sus bienes. En el edificio de la UCA funciona ahora la estatal Universidad Casimiro Sotelo, que ha anunciado su apertura para el 15 de enero del próximo año.

Según el Calidh, en este “ritmo imparable del Estado para cancelar universidades”, y la apropiación de sus edificios y recursos, se han coludido varios entes estatales y para estatales, entre quienes destaca a la Asamblea Nacional, al ministerio de Gobernación, al Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua, a la Policía y a la Procuraría General de la República, entre otros.

“El régimen nicaragüense se asoció ilícitamente en un engranaje en el que cada funcionario cumplía una función perfecta en esa armazón de destrucción” dice el informe que señala a los funcionarios a cargo de cometer “21 delitos” en este proceso.

La Asamblea Nacional y el ministerio de Gobernación cancelaron “arbitrariamente” las personerías jurídicas de las universidades, para que luego la Procuraduría General de la Republica se encargara de “trasladar los bienes al Estado” y ejecutar “la confiscación inconstitucional de los patrimonios universitarios”.

La Policía Nacional, añade el informe, suministró “la fuerza irracional y las camionetas llenas de policías para hostigar, después, a los directivos, profesores y estudiantes de las universidades disueltas”.

“Establecemos que el Estado de Nicaragua cometió el crimen de persecución cada vez que se dirigió contra un sector de la población con la finalidad de dañar derechos fundamentales establecidos en el derecho internacional que no pueden ser violentados de ninguna manera”, expuso Danny Ramírez Ayérdiz, secretario ejecutivo de Calidh, en declaraciones a medios locales.

Este jueves, el gobierno de Estados Unidos integró a la lista Engel a la rectora de la Universidad Nacional (UNAN Managua) y presidente del Consejo Nacional de Universidades, Ramona Rodríguez, y al rector de la Universidad Casimiro Sotelo por “socavar la democracia” y cometer actos de corrupción.

La Lista Engel, también conocida como “Lista de Personas Especialmente Designadas y Bloqueadas” (SDN, por sus siglas en inglés), es una lista creada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Esta lista incluye individuos y entidades con sanciones económicas, lo que implica que los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones financieras con los nombres que figuran en la lista. El nombre “Engel” se refiere al congresista estadounidense Eliot Engel, quien promovió la legislación que llevó a la creación de esta lista.

De Ramona Rodríguez Pérez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua, el informe dice que “socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia confiscando propiedades de los opositores políticos del gobierno, incluida la Universidad Centroamericana y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses, sin una base jurídica para instalar administraciones favorables al régimen”.

A Alejandro Enrique Genet Cruz, rector de la Universidad Casimiro Sotelo (antes Universidad Centroamericana), le endilga que “socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para crear políticas. que sancionan a profesores y estudiantes de la Universidad Casimiro Sotelo que no participen en actividades políticas del partido político Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega”.

“Es una tragedia para la educación superior en Nicaragua, porque pienso que todas esas decisiones se han tomado únicamente por el odio que los gobernantes de Nicaragua acumularon hacia las universidades y particularmente hacia los estudiantes por los sucesos de abril de 2018″, dice el doctor Ernesto Medina, catedrático que se encuentra en el exilio y quien fue rector de la Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN) en León, y rector de la Universidad Americana (UAM), en Managua.

“Dijeron que cerraban la mayoría de las universidades por, supuestamente, incumplimiento de los estándares de calidad que tiene establecido el sistema de evaluación y acreditación de Nicaragua, pero a los pocos días las reabrieron únicamente cambiando el nombre y sin haber visto ningún esfuerzo para remediar las supuestas fallas que las universidades tenían”, añade.

Medina reconoce que en la educación superior de Nicaragua existía un desorden y muchas universidades se instalaron “como negocio” sin tener las credenciales académicas.

“En Nicaragua había entre 40 y 50 universidades y la mayoría de ellas fueron concebidas como negocio, se dedicaron al negocio. La población tuvo que acomodarse y aceptar si querían estudiar”, explica. “La verdad es que se necesitaba porque el gran problema de fondo es que las universidades públicas, que son las llamadas a ponerse sobre sus espaldas los planes de desarrollo de la educación superior en el país están en crisis desde hace rato y, por las limitaciones presupuestarias que son obvias y naturales en un país como Nicaragua, no pueden absorber toda la demanda de educación superior que hay en el país”.

Dice, sin embargo, que lo que hizo el régimen de Ortega fue “la barbaridad de cerrarlas con unos argumentos que nadie te va a entender jamás que se apliquen contra una universidad y que luego, a los pocos días las estaban reabriendo únicamente cambiándole de nombre”.

“La demolición ya está hecha”, sentencia. “La forma en que se han tomado las decisiones de cerrar universidades, de nombrar autoridades, ha tenido como resultado el colapso de la educación superior Nicaragua”.

“El único propósito era el control político total del subsistema de educación superior, tener a los muchachos totalmente domesticados para que jamás vuelvan a salir a la calle a protestar por nada, mucho menos en contra del Gobierno”, agrega.

Medina considera que aún quedan en Nicaragua “un par de universidades que todavía guardan un poco la forma, pero que obviamente ni representan a todo el subsistema ni tienen capacidad para atender a todo el subsistema”.

Recomienda a los jóvenes nicaragüenses que han quedado a la deriva en este sistema colapsado de educación superior “aprovechar las tecnologías para autoformarse, buscar programas de formación gratuitos que hay en muchas universidades del mundo, y ahí, pues complementar su formación”.

“Seguirá habiendo universidad en Nicaragua, pero los muchachos no pueden darse por satisfecho con sus títulos. Sus títulos, y puedo poner la mano en el fuego, no tienen, no van a tener ningún valor práctico para el muchacho más que poder pegarlo en la pared. Un pedazo de papel”, concluye Medina.