(Desde Montevideo, Uruguay) - El sindicalista argentino Marcelo Balcedo y su esposa, Paola Fiege, tuvieron un nuevo revés judicial en Uruguay, luego de que un Tribunal de Apelaciones rechazara el pedido de refugio que presentó en febrero con el que buscaba evitar ser extraditado a Argentina. La decisión ratifica una sentencia de primera instancia de la justicia, aunque la defensa de la pareja apelará a un último recurso para acceder al refugio, informó el diario uruguayo El País.
El sindicalista busca evitar tener que ser juzgado en Argentina, donde tienen pendiente un proceso ante el juez federal Ernesto Kreplak, quien ordenó su detención en enero de 2018.
En Uruguay, Balcedo fue condenado mediante un proceso abreviado –que implica el reconocimiento de delitos ante la Fiscalía a cambio de una pena menor– a cuatro años y ocho meses de prisión, mientras que Fiege fue sentenciada por tres años, una condena que ya cumplió. El sindicalista fue condenado por un delito de lavado de activos, uno de contrabando y otro por tráfico de armas y desde hace un tiempo se sometió al régimen de libertad vigilada.
La pareja afirma que en la vecina orilla fueron perseguidos por el gobierno de Mauricio Macri, y que no deben ser juzgados en su país.
La resolución del Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión de primera instancia que había sido recurrida. La Justicia fue asesorada por la Comisión de Refugiados, que determinó que el temor de los condenados de ser perseguidos no está fundado porque no existiría el “riesgo de privación indebida de libertad o de su seguridad personal en su país de origen”.
El fallo asegura que la pareja busca “frustrar o entorpecer y demorar su entrega” a Argentina y asegura que los requerimientos judiciales de ese país “no resultan arbitrarios”.
El abogado de Balcedo y Fiege, Marcelo Domínguez, informó a El País que presentará un nuevo y último recurso judicial –de casación– para que la pareja consiga la calidad de refugiados. Esto implica que, hasta que no haya una decisión definitiva de la Suprema Corte de Justicia, la pareja no podrá ser extraditada.
“El gobierno de Macri armó lo que fue la Gestapo antisindical y dentro de esa persecución política es donde recae este pedido de detención y posterior extradición a la Justicia argentina”, declaró Domínguez.
Balcedo es investigado en Argentina por el delito de defraudación por asociación infiel contra el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y Minoridad (SOEME), que dirigía. También por lavado de activos y asociación ilícita.
La causa que motivó su detención está en juicio desde mediados de 2022. En el proceso están acusados la madre del gremialista, Myriam Renée Chávez; su ex número dos, Mauricio Yebra; y varios empleados del SEOME.
También está vinculado al caso Sergio Omar Martínez, el titular de la sociedad anónima El Chaqueñito, mediante la que fueron comprados decenas de autos de lujo. Varios de estos fueron luego encontrados en la mansión “El Gran Chaparral”, en Maldonado, donde Balcedo fue detenido y donde cumple prisión domiciliaria.
En primera instancia, el juez Kreplak determinó que hubo un desvío de casi $ 600 millones que correspondían a los aportes de los afiliados al sindicato entre 2012 y 2018. Gran parte de esa fortuna terminó en la compra de autos, inmuebles y embarcaciones. También se detectó que ese dinero fue a las cuentas del diario Hoy y Radio Red 92, los medios de la familia Balcedo.
El sindicalista demandó en Argentina a varios de sus colaboradores, a los que acusó de haber vaciado un departamento en Puerto Madero. Sin embargo, el juez en lo criminal y correlacional Fernando Caunedo desestimó la denuncia penal en base a un dictamen de la fiscal Romina Monteleone, quien sostuvo que no se podía probar el robo. De acuerdo a la versión de Balcedo, en ese departamento había joyas, relojes, chequeras, dos computadoras Mac, tres iPads, dos iPhones, una moto Harely de colección y USD 475 mil en efectivo.
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