El régimen de Nicaragua excarceló este miércoles a 12 sacerdotes que habían sido procesados por distintas causas y los envió al Vaticano tras un acuerdo con la Santa Sede.
Sin embargo, el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de cárcel por supuesta “traición a la patria” y quien se negó a ser desterrado de Nicaragua el pasado mes de febrero, no figura entre los religiosos beneficiados por la medida de la dictadura de Daniel Ortega.
“Este acuerdo logrado con la intercesión de altas autoridades de la Iglesia Católica de Nicaragua y en el Vaticano representa la voluntad y el compromiso permanentes de encontrar soluciones, en reconocimiento y aliento de tanta fe y esperanza que anima siempre a los creyentes nicaragüenses, que somos la mayoría”, expresó el régimen de Ortega-Murillo en un comunicado.
Los sacerdotes fueron trasladados a Roma este mismo miércoles y serán recibidos por personal de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, agregó la nota.
Entre los religiosos excarcelados se encuentran Manuel Salvador García, José Leonardo Urbina, Jaime Iván Montesinos, Fernando Israel Zamora, Osman José Amador, Julio Ricardo Norori, Cristóbal Reynaldo Gadea, Álvaro José Toledo, José Iván Centeno, Pastor Eugenio Rodríguez, Yessner Cipriano Pineda y Ramón Angulo.
La dictadura sandinista no dio detalles sobre las causas por las que fueron procesados los sacerdotes, pero algunos de ellos habían sido acusados de apoyar las protestas antigubernamentales que estallaron en abril de 2018 y que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados.
La dictadura consideró las protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Washington, mientras que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, así como organismos internacionales, lo acusaron de reprimir a la oposición.
“Obispo rebelde”
El caso más emblemático es el del obispo Álvarez, que fue detenido en noviembre de 2022 y condenado en febrero pasado a 26 años y cuatro meses de prisión por delitos como “traición a la patria”, “incitación al odio” y “terrorismo”.
Álvarez, que es obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, ambas diócesis en el norte del país, se negó a aceptar una oferta del régimen de Ortega para ser expulsado a Estados Unidos junto con otros 222 presos políticos.
Su actitud provocó la ira de la dictadura, que lo calificó de “soberbio”, “desquiciado” y “energúmeno”.
El papa Francisco también se refirió al caso del obispo nicaragüense en una entrevista concedida a Infobae en marzo pasado.
“Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Ortega). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”, dijo el pontífice
Ortega, que ha tildado a la Iglesia Católica de “mafia”, rompió las relaciones con el Vaticano tras las críticas del papa.
En julio pasado, Álvarez salió brevemente de la cárcel La Modelo, pero regresó a su celda tras rechazar nuevamente abandonar Nicaragua.
Álvarez es el primer obispo arrestado, acusado y condenado desde que Ortega volvió al poder en 2007, después de haber liderado una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y haber gobernado por primera vez Nicaragua de 1985 a 1990.
Nicaragua canceló en agosto la personalidad jurídica a la Compañía de Jesús y confiscó la universidad jesuita de Managua por acusaciones de “terrorismo”, así como una residencia para sacerdotes aledaña al campus.
(Con información de EFE y AFP)
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