El Congreso de Guatemala decidió este miércoles suspender su actividad plenaria en señal de apoyo a la Fiscalía, frente a las protestas que se desarrollan en todo el país por tercer día consecutivo.
Marvin Alvarado, diputado por el partido Bien y segundo secretario de la Junta Directiva, precisó que los plenos estarán pausados durante una semana, según recogió el diario Prensa Libre, que se suma a las palabras del tercer vicepresidente del organismo, Hérber Melgar Padilla, que comentó que estos bloqueos “perjudican la labor del parlamento, y no sólo el trabajo legislativo sino de toda la nación”.
El parlamentario respaldó, además, las acciones que el Ministerio Público ordenó los últimos meses ya que, según sostuvo, debe dársele tiempo “para investigar” y subrayó que los resultados de los recientes allanamientos “no deberían alterar los resultados oficiales” de las elecciones de junio y agosto.
“El Ministerio Público tendrá que verificar algunos planteamientos que ellos tengan pero el proceso electoral ya está culminado, que la población esté tranquila porque las autoridades electas ya tienen sus credenciales”, explicó en un intento por rebajar la tensión en la sociedad.
A la par, otro bloque de diputados manifestó su apoyo a los registros en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) alegando que no afectarían el proceso electoral y que, por el contrario, podría ser una oportunidad para resolver algunas dudas surgidas en torno a esta instancia.
“Creo que vamos a salir de las dudas porque existen más de mil denuncias de los diferentes fiscales de partidos políticos por delitos en las elecciones. Entonces, si aclaramos esto, vamos a tener la certeza de que estamos cumpliendo con la voluntad del pueblo”, se explayó Javier Hernández, líder del bloque del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
El grupo sumó que las medidas de la Fiscalía están “dentro de la ley”, incluso a pesar de las denuncias de la oposición que señalan que algunas competencias no les corresponden y que hasta describieron como un intento de golpe de Estado.
En este clima, desde el lunes, ya por tercer día consecutivo, tienen lugar en todo el país protestas impulsadas por el presidente electo Bernardo Arévalo de León y su vicepresidenta, Karin Herrera.
Los políticos del Movimiento Semilla llamaron a la sociedad a salir a las calles y protestar pacíficamente en contra de las acciones de la Fiscalía, que socavan el proceso electoral y el Estado de Derecho, y exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y toda la cúpula del Ministerio Público.
El oficialismo rechazó estos bloqueos y señaló que “el derecho constitucional de manifestación pacífica no debe atentar contra la integridad, el derecho a la vida o la libre locomoción de los guatemaltecos”.
“Tal como ha ocurrido en recientes días, estos derechos están siendo vulnerados con medidas de hecho que privan de derechos elementales como el acceso a la salud, obligando en algunos casos a exponer la vid de personas que necesitan acceder a atención médica de golpanera prioritaria”, agregaron desde el Gobierno y amenazaron con que la responsabilidad de “la pérdida de vidas humanas (...) recae sobre quienes toman estas medidas”.
A pesar de estas declaraciones, los campesinos se mantienen firmes en sus exigencias de renuncia y llamaron a más organizaciones estudiantiles e indígenas a sumarse.
El descontento popular comenzó en junio, tras la primera vuelta electoral en la que el líder el Movimiento Semilla ganó su lugar para el balotaje contra la ex primera dama Sandra Torres y frente a lo que Porras tomó una serie de medidas para sabotear su desempeño.
Tras su victoria en la segunda vuelta, la Fiscalía intensificó su persecución con el objetivo, ahora, de revertir los resultados y evitar la toma de poder del Presidente electo.
La más reciente de estas órdenes ocurrió el sábado, cuando funcionarios allanaron una sede del TSE y decomisaron las actas con los resultados de los comicios.
Múltiples países y organismos internacionales, entre ellos la OEA, manifestaron su repudio a los intentos antidemocráticos del Ministerio Público y pidieron que se garantice el traspaso de mando en un marco democrático.
(Con información de Europa Press y EFE)
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