La dictadura de Nicaragua le prohibió la entrada al país a dos sacerdotes que habían participado en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Portugal, evento que fue presidido por el papa Francisco, así lo denunció este viernes la investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina.
Los sacerdotes afectados son Tomás Sergio Zamora Calderón, párroco de la iglesia Nuestro Señor de los Milagros, de la diócesis de León y Chinandega (noroeste), y William Mora, párroco de la iglesia Cristo Rey, de la diócesis de Siuna (Caribe norte), precisó la investigadora, que es autora del estudio titulado “Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?” y que da seguimiento a la situación de los sacerdotes en el país centroamericano.
Molina explicó que los dos sacerdotes asistieron a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa “y a su regreso, el día de hoy, la dictadura le prohibió el ingreso a Nicaragua”.
Según la investigadora, la comunidad católica de la parroquia que presidía Zamora Calderón “se encuentra consternada con la noticia, porque era un cura dinámico y muy cercano a su pueblo”.
“Fue por mucho tiempo responsable de Cáritas León (obligada a cerrar) y tesorero de la diócesis” de León y Chinandega, indicó.
En el caso del sacerdote Mora, era responsable de la pastoral juvenil de la diócesis de Siuna.
“El padre Mora tenía una vida pastoral activa en su comunidad, que ahora pregunta qué será de ellos sin su pastor”, agregó.
Hasta el momento el régimen nicaragüenses no se ha pronunciado sobre esta denuncia, como es habitual.
El pasado 9 de julio, la Dirección de Migración y Extranjería también negó el ingreso a Nicaragua al vicario de la parroquia San Francisco de Asís de Managua, padre Juan Carlos Sánchez.
Persecución a sacerdotes
Hasta el 7 de junio pasado, la dictadura sandinista había obligado a 77 religiosos a abandonar el país desde que estalló la crisis sociopolítica en esta nación centroamericana en abril de 2018, incluido al obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, y varias monjas extranjeras, según la investigadora.
De ellos, al menos 40 religiosos han sido expulsados en los últimos cinco años, entre ellos el sacerdote panameño Donaciano Alarcón, a inicios de abril pasado.
Otros 17 religiosos se han marchado al exilio alegando razones de seguridad. A doce les han prohibido la entrada al país, sin incluir los últimos tres. Y otros ocho han sido desterrados, declarados apátridas y “prófugos de la Justicia” acusados de delitos considerados “traición a la patria”.
Para Molina, la expulsión, destierro o exilio de religiosos es parte de la persecución contra la Iglesia católica nicaragüense.
Las relaciones de la dictadura de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
El papa Francisco tildó de “dictadura grosera” al régimen sandinista en una entrevista con Infobae, señalando “un desequilibrio de la persona que dirige” el país centroamericano.
Universidad Centroamericana
Daniel Ortega también congeló las cuentas bancarias de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), informó el miércoles el medio digital Divergentes, que cita una fuente vinculada al Ministerio de Gobernación.
La UCA, por su lado, a través de un correo electrónico dirigido a colaboradores y estudiantes, titulado “Aviso sobre pagos correspondientes a aranceles o servicios”, explicó que “por inconvenientes en nuestros canales y medios de pagos ajenos a nuestra voluntad, no estamos recibiendo pagos correspondientes a aranceles o servicios de ninguna de las instancias de la universidad”.
“Lamentamos los inconvenientes y les estaremos informando una vez sea posible procesar pagos en nuestra caja central y canales alternos”, agregó la universidad jesuita, fundada en 1961.
Según Divergentes, que cita una fuente vinculada al Ministerio de Gobernación, “el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de la UCA y de algunos de sus más altos directivos”, sin precisar los nombres.
Aseguró que esa medida fue notificada este miércoles a las autoridades de la Universidad Centroamericana, sin informar si existe o no una investigación por el origen de los fondos.
(Con información de EFE)
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