Se veía venir: el Tribunal Supremo de Revolución Democrática acordó suspender la militancia de la diputada por Antofagasta Catalina Pérez, expresidenta del partido.
Todo esto es una consecuencia del escándalo por el caso de la fundación Democracia Viva, cuyo representante era Daniel Andrade, expareja de la parlamentaria; que se benefició de un convenio firmado con el ministerio de Vivienda y una asignación de poco más de 500 mil dólares.
El secretario regional ministerial que otorgó los fondos era Carlos Contreras, otro militante de RD que fue brazo derecho de Pérez en su primer periodo en el Congreso.
Andrade y Contreras ya fueron expulsados de RD.
Catalina Pérez presentó una licencia médica por 20 días, aunque antes de eso hizo una última aparición pública al subir un video a sus redes sociales. Ahí hizo sus descargos, dijo que “jamás he ocupado mi cargo para favorecer a nadie. No he infringido norma alguna ni he tenido conductos que traicionen los principios que han guiado mi actuar político y personal desde que empecé a militar desde los 12 años”.
Agregó que “nunca he hecho uso de mi cargo para interceder por esta ni por ninguna fundación o persona para obtener recursos del Estado”. Aprovechó de lanzar algunos dardos al presidente del partido, el senador Juan Ignacio Latorre, a quien acusó de tener un actuar “errático, cambiante y ha faltado a la verdad”.
Desde el 2021
Este escándalo no se ha quedado en la Región de Antofagasta y, por el contrario, ha salpicado a todo el gobierno de Gabriel Boric y, por cierto, a toda institución que haya recibido dineros del ministerio de Vivienda. La Contraloría inició una auditoria nacional a toda organización que haya sido beneficiada desde el año 2021 a la fecha. O sea, desde el gobierno de Sebastián Piñera.
Eso, porque la Fiscalía de la Región de O’Higgins anunció que abrió una investigación por traspasos de dineros entregados a fundación Arquiduc en dos convenios.
Y el Ministerio Público investiga convenios con fundaciones por 17 millones de dólares en otras siete regiones del país, montos que podrían aumentar según avance la investigación.
En la Región de Antofagasta, la génesis del lío, la justicia autorizó una diligencia solicitada por el fiscal jefe de la ciudad, Cristián Aguilar, allanar e incautar computadores y otros elementos en las sedes de las fundaciones Procultura, Tomarte, Urbanismo Social y la Fundación Arte y Cultura Movimiento FABRE.
Que rueden cabezas
La oposición ha utilizado todo este lío como una bandera de lucha contra la corrupción. Y, más allá de la arista penal, han arremetido para exigir responsabilidades políticas y cambios de ministros en Vivienda, justamente, cuyo ministro es Carlos Montes, una figura emblemática del Partido Socialista; y en Desarrollo Social, encabezado por Giorgio Jackson, amigo de Gabriel Boric y uno de los fundadores de RD. Dos cabezas simbólicas en medio de todo este embrollo.
En medio de todo esto, Evelyn Matthei, alcaldesa de la comuna de Providencia, militante del partido de derecha UDI, y quien apunta a ser candidata presidencial, dijo en televisión que “aquí yo estoy segura de que el ministro Montes es una persona honesta, no tengo dudas… pero también no tengo ninguna duda de que ya su gestión se hace bien imposible”. Sobre Jackson, dijo “yo no soy quién para dar recomendaciones, pero la verdad es que se hace muy difícil su trabajo, pero particularmente el trabajo del ministro Jackson. Él está quemado… él por lo menos tiene que irse, no tiene nada que hacer ahí. Su partido (Revolución Democrática) ha mostrado ser un asco”.
En cualquier caso, Camila Vallejo, vocera de Gobierno, declaró que en La Moneda no están pensando, por ahora, en cambios.
“Quiero ser sumamente clara y tajante: no hay cambio de gabinete… Las evaluaciones de los equipos del Presidente, ministeriales, sus cercanos, son evaluaciones que le corresponden a él, y llamaría también a aquellos parlamentarios que entiendo que no representan a sus partidos, sino que son más bien opiniones y críticas aisladas, respeten esa facultad del Presidente de la República”.
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