El régimen de Daniel Ortega canceló este lunes la personalidad jurídica de otras tres universidades más registradas como asociaciones por presuntas irregularidades administrativas y que se suman así a las cinco disueltas desde que comenzó el año.
Las afectadas esta vez son la Fundación Prouniversidad Metropolitana (Unimet), la Asociación Universidad del Norte de Nicaragua (UNN) y la Asociación Universidad Adventista de Nicaragua (Unadenic), informó el diario La Prensa.
Según el comunicado publicado en La Gaceta, diario oficial, entre otras razones, el régimen de Daniel Ortega defendió que las asociaciones “no cuentan con la metodología curricular” ni la “infraestructura necesaria” o que la universidad ha “falseado información”, entre otras.
El régimen, utilizando la misma medida, ya retiró la personalidad jurídica a otras dos universidades más el pasado 14 de marzo: la Universidad Panamericana de Nicaragua (UPAN) y la Universidad del Pacífico (UNIP), también registradas como asociaciones.
Las universidades fueron uno de los focos de protestas en 2018, cuando miles de personas se manifestaron contra el régimen de Ortega en unas movilizaciones sin precedentes, por lo que en círculos opositores se entiende como otra medida represiva más por parte de las autoridades, que se suma a los cierres de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.
La dictadura sandinista ha retirado la personalidad jurídica de numerosas ONG y organizaciones de la sociedad civil alegando supuestas irregularidades de tipo administrativo. Una de las últimas medidas afectó al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal representación de la patronal empresarial en el país centroamericano, que fue cancelado por los tribunales serviles al régimen.
“Esto es parte de un plan del gobierno de Daniel Ortega para extender su control político sobre las universidades”, dijo a The Associated Press el catedrático Ernesto Medina, ex rector de la Universidad Americana (UAM), al referirse al cierre de la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), anunciado la semana pasada.
Según Medina, que abandonó el país hace más de un año tras recibir amenazas por parte del propio régimen, la medida revela “un componente ideológico y de venganza política”, dado que las universidades fueron el foco principal de la revuelta social de 2018, encabezada inicialmente por estudiantes.
La represión de esas protestas dejó al menos 355 muertos, más de 2.000 heridos y unos 100.000 exiliados, según organismos de derechos humanos.
“Daniel Ortega nunca les va a perdonar a los jóvenes y a las universidades que hayan sido los protagonistas de la rebelión” en la que se demandaba la renuncia del ex guerrillero, afirmó.
Ortega ha acusado a los empresarios y a la Iglesia católica de participar en un “fallido golpe de Estado”, como califica a las protestas de 2018, mientras mantiene en prisión al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de cárcel el mes pasado.
(Con información de Europa Press)
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