El régimen de Nicaragua expulsó a un sacerdote católico y detuvo a nueve feligreses en Semana Santa

El régimen de Nicaragua mantiene más viva que nunca su persecución contra la Iglesia Católica. En esta Semana Santa, al menos quince personas -la mayoría de ellas feligreses católicos y opositores- fueron detenidas y un sacerdote fue expulsado del país.

Los datos difundidos por Monitoreo Azul y Blanco en su informe -avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- detallaron que, del total de detenidos, al menos 9 son feligreses que participaron de festividades de Semana Santa y uno un periodista que dio cobertura a una procesión católica.

De momento se ha podido identificar entre los arrestados a Víctor Ticay, colaborador del Canal 10 de la televisión local, a la excarcelada opositora Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón y al líder estudiantil Jason Noel Salazar Rugama.

Se constató, asimismo, casos de asedio y gran presencia policial en distintas iglesias en todo el territorio.

Por otro lado, se expuso que entre el 1 y el 6 de abril se registraron 35 incidentes relacionados a violaciones de los derechos humanos en el país. De ellos, 15 fueron “detenciones arbitrarias”, 9 estuvieron relacionados a incidentes de control territorial y, de los restantes, 5 incluyeron amenazas, 5 hostigamientos y una expulsión.

Ésta pesó sobre el sacerdote panameño Donaciano Alarcón, quien se vio obligado a abandonar Nicaragua el pasado miércoles luego de que el régimen de Daniel Ortega -por medio de las autoridades policiales- lo acusaran de predicar en favor del obispo Rolando Álvarez, quien está condenado a más de 26 años de cárcel en La Modelo por delitos de “traición a la patria”.

“El lunes (Santo) teníamos la misa crismal y allí fue que me dijeron que había estado predicando a favor de monseñor Álvarez, que había estado organizando algunas revueltas contra la Policía, que estaba desobedeciendo lo estipulado: cero procesiones”, declaró días atrás el religioso antes de agregar que “la acusación era falsa” pero “ellos me dijeron: ‘bueno, esto puede ser causa de expulsión porque ya se ha puesto una norma y usted no la está cumpliendo’”.

A continuación, Alarcón celebró la misa crismal y, al concluir, dos policías lo esperaron para montarlo a una patrulla y llevarlo a la frontera con Honduras.

Si bien reconoció haber hablado de monseñor Álvarez en sus homilías y que ello le haya costado la expulsión, sostuvo que “lo tenemos que mencionar, aunque eso incomode”.

La mala relación del régimen sandinista con la Iglesia data de hace muchos años; sin embargo, la tensión se elevó al máximo luego de que, semanas atrás, el papa Francisco brindara una entrevista en exclusiva a Infobae en la que consideró que se trata de una dictadura similar a las “comunistas o las hitlerianas, grosera”.

“Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige [Daniel Ortega]. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas… Son un tipo de dictaduras groseras. O, para usar una distinción linda de Argentina, guarangas. Guarangas”, declaró entonces el Sumo Pontífice.

Tras estos dichos, Ortega anunció en un comunicado que “entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se han planteado la suspensión de las Relaciones Diplomáticas”. Esto implicó la salida del país del encargado de negocios del Vaticano, el cierre de la Nunciatura Apostólica en Managua y un endurecimiento de las restricciones que la Iglesia sufre allí.

El aumento de las detenciones y la persecución contra la disidencia se da a menos de dos semanas del quinto aniversaro de las masivas protestas que se desataron en todo el país en contra del régimen. En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a rechazar las controvertidas reformas de seguridad social y que, posteriormente, utilizaron como excusa para exigir la renuncia de Ortega. Estos episodios dejaron al menos 355 muertos según la CIDH aunque organismos locales elevaron la cifra a 684.

(Con información de EFE)

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