
El economista y analista político nicaragüense, Enrique Sáenz afirma que existe “una estafa criminal” tras los grandes avances en el desarrollo de la energía eléctrica en Nicaragua que presume el régimen de Daniel Ortega.
El gobierno nicaragüense asegura que ha conseguido el 99 por ciento de cobertura eléctrica en el país, y que para este año la cobertura alcanzará el 99.4 por ciento, datos que colocan a Nicaragua como uno de los países más desarrollados en este campo en América Latina.
“En todo el sistema interconectado nacional de nuestro país, con los casi cuatro mil millones de dólares que se han invertido en el sector eléctrico, podemos hablar de que hay capacidad suficiente de energía para el suministro de las viviendas, de poder suplir más viviendas que se puedan construir, pero también suplir el desarrollo industrial”, declaró al oficialista Canal 4, el ministro de energía y minas, y presidente de Enatrel, Salvador Mansell.
El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, también ha reclamado reconocimiento para Ortega en el campo de la energía eléctrica. Según una nota del portal institucional, el banco ha brindado apoyo financiero y técnico para el desarrollo de “seis proyectos que se ejecutan en el país para proporcionar una mejor cobertura, acceso y distribución de energía”.
“Hablemos de Nicaragua y lo que estamos financiando. ¿Cuál es el segundo país que va a tener mayor cobertura en electricidad? Es Nicaragua. Eso no se ve en los titulares. No importa la política cuando se llega a los pobres. Tenemos que tener un enfoque específico y a quién estamos llegando y el beneficiario. Entonces dejemos la política de un lado”, sostuvo Mossi durante un debate en el cual se le reclamó el financiamiento del BCIE a la dictadura de Ortega.
“Resulta que, efectivamente, el BCIE en los últimos años ha otorgado créditos por 540 millones de dólares, pero no solo el BCIE, también el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha otorgado créditos por más de 400 millones de dólares. Entre los dos, más de mil millones de dólares”, reconoce Enrique Sáenz.

Sin embargo, el economista asegura que tras este discurso optimista hay un gran negocio para Daniel Ortega, que maneja el monopolio de la generación y la distribución de la energía eléctrica en el país, y una gran estafa para los nicaragüenses que pagan las tarifas más altas de Centroamérica y deberán pagar los préstamos que asume Ortega.
Según Sáenz, el dinero que llega a Nicaragua para inversión en el campo energético no se ha traducido en mayor generación, mayor consumo, más eficiencia o alivio en la tarifa.
Respaldado por datos oficiales del Banco Central de Nicaragua, Sáenz afirma que actualmente se produce menos energía que hace ocho años. En 2014 Nicaragua produjo 4,438.5 megavatios hora (MWh) y en el 2022 se generó 4,292.8 MWh. “¿Cómo es eso que han invertido tanto pero ahora se genera menos energía que años atrás?”, se pregunta el economista en un video compartido en sus redes sociales.
Para Enrique Sáenz otra contradicción que reflejan los números analizados, es que, según la propaganda oficial, se ha incrementado la cobertura en cerca del 20 por ciento desde el 2014, pero “encontramos que el consumo ha disminuido”. En 2016 se consumieron 3,297.5 MWh y en 2022 el consumo alcanzó 3,138.4 MWh, según datos del Banco Central de Nicaragua.


También ha disminuido el consumo de energía en la industria y el sector agropecuario, dice. “Si la millonaria inversión no se ha reflejado en el consumo, ni en la producción, ni en la generación, entonces ¿dónde está?”, reclama.
El economista asegura que tampoco la inversión ha servido para mejorar la tarifa ni para reducir las pérdidas técnicas que carga la distribución de energía eléctrica en Nicaragua. “Las perdidas técnicas, en lugar de disminuir han aumentado. Los mismos registros oficiales muestran que en el 2016 las pérdidas técnicas eran del 22 por ciento y en el 2021, cinco años después, habían aumentado a 23,3 por ciento”, dice.
Las pérdidas técnicas son las fugas y desperdicios de energía que se producen por ineficiencia del sistema de distribución de la energía eléctrica. Durante décadas se ha visto como un problema a resolver en Nicaragua por la magnitud que alcanzan.
El Parlamento ha aprobado leyes para otorgar incentivos a las empresas distribuidoras que reduzcan las perdidas, pero, según los expertos, las empresas no sienten ninguna presión para corregir este problema porque esos costos se trasladan a la tarifa del usuario.
“Quienes pagan la ineficiencia de las distribuidoras son los consumidores porque esas pérdidas se imputan al precio de energía que les cobran a los consumidores”, señala Saénz.
Nicaragua tiene los precios de energía eléctrica más altos de Centroamérica, y eso explica, según Sáenz, por qué las compras de energía a otros países han aumentado en los últimos años. “Resulta que, a pesar de esas inversiones, en lugar de vender energía a otros países centroamericanos más bien la compra. Las compras han aumentado un 500 por ciento en comparación a cuatro años atrás”.
“Compran barato en Centroamérica y la venden cara a la población de Nicaragua”, añade en lo que según él demuestra “lo zánganos que son quienes están en el negocio de la energía”. De acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para el 2021 el kilowatt hora en Honduras costaba 15 centavos de dólar, en Costa Rica 13 centavos y en Nicaragua 24 centavos.
Para el economista, los nicaragüenses están atrapados en un monopolio de la energía eléctrica que se maneja desde las más altas esferas del poder. “La misma mano que es dueña de Alba Generación, la generadora más grande del país, es también la dueña de las dos grandes distribuidoras (Disnorte y Dissur) y como tienen la protección del poder político, imponen a los nicaragüenses las mayores tarifas de energía de Centroamérica”, afirma.
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